Suma y sigue. El incremento de los costes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para las arcas públicas valencianas parece no tener fin. Cuando todavía están en marcha los trabajos de reparación de la cubierta de trencadís del Palau de les Arts (cuyos costes finalmente fueron asumidos por el arquitecto y las constructoras), una auditoría realizada por el nuevo gestor de L'Oceanogràfic y el Ágora, Avanqua, ha puesto en evidencia los problemas estructurales y de seguridad de este último edificio, incluido en el proyecto por el gobierno de Francisco Camps como la guinda del complejo.
Según el informe, los problemas detectados (que van desde la impermeabilización, con constantes goteras, a la rotura de puertas y ventanas, el estado del recubrimiento de trencadís o la aparición de óxido y moho en varios materiales) impiden su explotación.
En base a esta auditoría, se aplaza la asunción de la concesión y se obliga al Consell a buscar una solución de urgencia, solución que el anterior Gobierno valenciano aplazó "para cuando vuelvan los mejores tiempos y haya presupuesto".
Costes multiplicados
Una situación que parece difícil de conseguir en un complejo que ha multiplicado por cuatro los costes de construcción inicialmente previstos y que ha requerido de inyecciones constantes de capital para garantizar su viabilidad.
Las progresivas ampliaciones del proyecto, por el interés de cada uno de los Gobiernos autonómicos en dejar su impronta; los desorbitados sobrecostes en la construcción, fruto de la combinación entre la subsanación de deficiencias estructurales y de seguridad y de las 'mejoras' aprobadas por el arquitecto, Santiago Calatrava, y las sucesivas ampliaciones decapital de la Generalitat en la sociedad pública titular de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CACSA, para equilibrar el balance, debido a las continuas pérdidas, elevan el desembolso total a más de 1.800 millones de euros (más de 1.300 millones vinculados a la construcción y más de 500 millones en inyecciones realizadas en los últimos 16 años; la última, hace apenas dos meses).
La privatización de la gestión también se convirtió en una operación gravosa para la Generalitat que mantiene varios litigios en los tribunales con el anterior gestor, el Grupo Parques Reunidos.
La definición del nuevo concurso para la gestión de L'Oceanogràfic y Ágora, en el que resultó adjudicatario el consorcio Avanqua (formado por Aguas de Valencia, el Acuario de Vancouver y Ket Gestión) define un canon anual fijo y una parte variable, en función de los ingresos. Avanqua ya ha asumido L'Oceanogràfic, pero se niega a hacerlo con el Ágora hasta que no se solucionen los problemas.
Responsabilidad compartida
A este respecto, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, afirma que "cada uno va a pagar sus responsabilidades" por las deficiencias y desperfectos, mientras Calatrava se desmarca, responsabilizando directamente a la Generalitat Valenciana, que, según su versión, le requirió la entrega de las instalaciones, en 2009, con un "certificado final parcial de obra".
El estudio del arquitecto afirma que "el Ágora es un edificio cuya construcción no se ha finalizado conforme a lo establecido. Ya en el año 2009, y en contra de la recomendación del arquitecto, CACSA solicitó detener las obras para que el edificio pudiera usarse para la celebración del Open 500 de Valencia de Tenis. En 2013, debido a cuestiones financieras, CACSA decidió detener temporalmente el curso de las obras y solicitó al Estudio de Arquitectura de Santiago Calatrava que aceptara una fase provisional de las obras para que CACSA pudiera usar el edificio temporalmente. Esta provisionalidad, que se ha prolongado durante años, ha ocasionado deterioros en la obra".
El estudio asegura que ha instado en repetidas ocasiones a CACSA a finalizar las obras. En 2011, remitió un proyecto de terminación y mejoras que suponía una inversión adicional de 22 millones de euros, que la Generalitar descartó. Según sus propios cálculos, el coste de rematar el edificio, instalando la cubierta móvil prevista (y cuyas piezas están ya fabricadas) rondaría los diez millones. Inversión que también se ha ido aplazando y que se descarta en estos momentos.
Solución de urgencia
Ahora se busca una solución de urgencia que permita recuperar la funcionalidad del espacio y que resulte más económica, con la que poder hacer frente al contrato con Avanqua. Una solución que pasa por el acuerdo con Calatrava, sin cuyo visto bueno no puede abordarse ningún cambio en el proyecto inicial, y que supondrá un incremento en sus de ya de por sí abultados honorarios. Y es que, cada modificación y cada sobrecoste aprobados por el arquitecto le han reportado jugosos ingresos, algo con lo que el Consell quiere acabar.
Según los contratos de Calatrava con CACSA, el arquitecto recibe el 12% del coste final, y no del presupuestado, de los trabajos (un 7,5% por el diseño y redacción de proyectos y un 4,5% por la dirección de obra). Todos los edificios del complejo han multiplicado sus cifras iniciales. En el caso del Ágora, hasta el momento se han invertido 96 millones, frente a los 41,3 millones previstos.
En total, Santiago Calatrava ha recibido más de 90 millones de euros en concepto de honorarios, cobrados desde una sociedad en Suiza, lo que le ha permitido facturar sin IVA.
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