El Parlament retrasa hasta el viernes la votación de la Proposición de Ley del Código Tributario de Cataluña, una ley con la que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, prevé articular la Hacienda Catalana.
La votación se espera polémica, puesto que el Tribunal de Garantías Estatutarias ha declarado la inconstitucionalidad de dos de sus artículos tras un recurso presentado por el PSC y CSQP.
En concreto, el órgano jurídico de la Generalitat advirtió que ciertos artículos del Proyecto de Ley contravenían el artículo 9.3 de la Constitución. Concretamente, le preocupa su ambigüedad, ya que el texto no reconoce que se someta a la Constitución o al Estatuto, sino a las leyes internacionales.
De la misma forma, el dictamen también avisa de la inconstitucionalidad del texto en la exclusividad de acceder a las plazas de funcionarios únicamente a los de la Generalitat. El artículo 23.2 de la Carta Magna garantiza que todos los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".
Socialistas y CSQP valoraron positivamente el dictamen favorable a sus demandas: "les avisamos y el Consell nos da la razón, y haremos las enmiendas necesarias para que el texto sea estatutario", afirmó la diputada del PSC, Alicia Romero, tras conocerse el fallo. Por su parte, el diputado de CSQP, Joan Coscubiela, afirmó que es una demostración de que el proyecto de Puigdemont es un "gigante mediático con pies de barro".
Aunque estaba previsto que el texto se debatiera y votara el jueves por la tarde, finalmente, tal como ha comunicado esta mañana el parlamento catalán, se votará el viernes. Este cambio de hora retrasará, previsiblemente, al menos hasta la semana que viene la publicación del texto final y, en consecuencia, el previsible recurso que pudiera impular el gobierno español.
Reforma del reglamento
El Código Tributario se vota un día después de que el Parlament apruebe con los votos de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó la reforma exprés del Parlament que permitirá a los grupos parlamentarios presentar proyectos de ley a través de procedimiento de urgencia y con aprobación en lectura única. La reforma del reglamento acortará los trámites de presentación de leyes y limitará la presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios. Mariano Rajoy ya ha pedido de forma urgente un dictamen al Consejo de Estado.
La reforma probablemente se usará para aprobar la Ley de Transitoriedad Jurídica, una de las llamadas leyes de desconexión que tiene el Ejecutivo de Puigdemont en espera para que dé amparo legal al referéndum unilateral del 1-O.
El Consell de Garantías Estatutarias ya advirtió de que la aprobación de leyes de gran envergadura podría ser contrario al Estatut y a la Constitución. La oposición ha criticado duramente la medida y consideran "vulnerados" sus derechos y consideran que resiente la calidad democrática del Parlament.
Joan Coscubiela fue uno de los más duros, al calificar de "bunkerización" la decisión del Govern y lo tachó de "fraude al Parlament y a los ciudadanos". Más allá fue el diputado del PP, Alejandro Fernández, puesto que calificó la reforma de "pisotear los derechos de la oposición y purgar a los discrepantes".
El nuevo texto del Código Tributario, cuyo debate y votación final se celebra hoy en el Parlament, forma de parte de lo que el gobierno de Puigdemont denomina como una "estructura de Estado" porque regula la Hacienda Catalana.
Previsiblemente el texto, si sale adelante tal como se presenta sin que se produzcan enmiendas, también podría obligar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a impugnarlo ante el Tribunal Constitucional.
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