A falta de una decisión desde el Gobierno central contra la delegación del voto en el Parlament de Carles Puigdemont y Antoni Comín, la líder de C's en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció ayer que desde su formación presentarán recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Lo harán una vez agotadas las vías de reclamación en la cámara catalana, rechazadas por la mayoría independentista en la Mesa, y ante la "inacción" del Gobierno central en este asunto. Desde el PP catalán y el Gobierno central llevan días aduciendo que están estudiando emprender acciones legales contra estos votos delegados, pero el calendario sigue corriendo sin falta de concreción.
En cualquier caso, las perspectivas para los planes de JxCat -con el apoyo de ERC- son muy diferentes dependiendo de quién acuda al Constitucional. Y es que, si es el Gobierno español, la delegación del voto quedaría suspendida automáticamente si el tribunal de garantías admitiese a trámite su demanda. En cambio, el recurso de amparo de Ciudadanos o cualquier otro grupo político no contaría con este automatismo, y la decisión podría llegar ya con Govern constituido gracias a los votos delegados, que son imprescindibles para una mayoría simple de JxCat y ERC.
El PSC ya presentó el 20 de febrero recurso de amparo al TC por los retrasos repetidos del Pleno de investidura, fijado inicialmente para el 30 de enero, y más tarde sumó petición de cautelares para forzar una fecha. El TC lo admitió a trámite el 6 de marzo, y rechazó las cautelares el día 20, es decir, un mes después del primer recurso.
Pleno clave el día 3
Además de ratificar el voto delegado de Comín, la Mesa del Parlament fijó ayer los plazos para que se pueda debatir en una semana -en el Pleno del jueves 3 de mayo- la reforma de la Ley de Presidencia impulsada por JxCat para permitir la investidura a distancia del presidente catalán y sus consejeros. El Consejo de Garantías Estatutarias debe presentar hoy el dictamen solicitado por C's y el PSC para saber si esta reforma se ajusta al Estatut y la Constitución, y la Mesa ha estipulado tres días para presentar enmiendas a dicho dictamen, que es consultivo.
Investigación del 1-O
Mientras tanto, siguen trascendiendo novedades de la investigación judicial sobre el gasto público para el 1-O. Según El Mundo, la Abogacía del Estado cree que el Govern usó partidas ocultas, y por ello no aparecen en las cuentas de la Generalitat que controlaba el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, el exdirector general de Unipost, Pablo Raventós, afirmó ayer ante el juez que no cobraron ninguna de las facturas vinculadas a envíos postales del Govern para el referéndum, que sumaban casi 1 millón de euros.
