La entidad niega cualquier colaboración en este tipo de delitos y defiende su continua actuación para prevenirlos
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordó ayer iniciar un procedimiento contra CaixaBank en calidad de investigada por la actuación que llevaron a cabo diez de sus sucursales en Madrid al, presuntamente, "favorecer, auxiliar y ocultar fondos" de clientes de nacionalidad china implicados en casos judiciales como Emperador, Chequia o Snake.
El juez asegura en su auto que CaixaBank tenía la responsabilidad de vigilar las actividades de sus empleados implicados, así como implementar las medidas necesarias y adecuadas para prevenir operaciones de blanqueo y fraude. Por tanto, indistintamente al proceso que se siga contra los directivos y trabajadores de estas sucursales implicadas, el magistrado ha considerado procedente incluir a la entidad. CaixaBank, por su parte, niega cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de nacionalidad china. Además, asegura que ha cumplido en todo momento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales, que ha sido reforzada de forma muy significativa en los últimos años.
La Audiencia Nacional investiga la actividad del banco chino ICBC en España desde 2016 tras detectar el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) de la Guardia Civil que las sucursales en España no tenían negocio bancario alguno entre 2011 y 2014, sino que limitaban sus operaciones a ser un instrumento de blanqueo de las presuntas ganancias ilícitas obtenidas por grupos criminales de nacionalidad china.
Fue a raíz de esta investigación en la que se detectaron conexiones con algunas de las oficinas del banco español en Madrid. Concretamente, las diez sucursales de CaixaBank investigadas se encuentran cerca del Polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid). CaixaBank cuenta con una red total de cerca de 5.000 oficinas.
Según el magistrado, los directores y empleados de los centros investigados actuaron como "canales de blanqueo" de dichas organizaciones permitiendo a los clientes de origen chino el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas o que ingresaran facturas de manera fraccionada.
