La disparidad de criterios entre el Tribunal Supremo y la Justicia alemana sobre la petición de extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont abrió ayer un nuevo capítulo con un auto dictado por el Alto Tribunal español. En el documento, ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en las personas que dirigieron el proceso de independencia de Cataluña entre 2015 y 2017, y rebate los argumentos del tribunal alemán que está estudiando la euroorden para Puigdemont. Argumenta que "no es razonable, como hacen, comparar el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea con las revueltas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Fráncfort", expuso en un comunicado.
El auto sostiene que los investigados por el procés utilizaron su cargo público para saltarse la ley y llamar a la población a participar en una votación ilegal el 1-O, en la que los 6.000 policías que debían evitarla se vieron "superados" por los dos millones de votantes: "Si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre", expone para demostrar la existencia de violencia.
Sedición
El auto del Supremo agrega que la Fiscalía dejó abierta la puerta en su querella para que, en el supuesto de que no se constatara suficientemente la violencia, se subsumiera la conducta de los investigados en el tipo penal de la sedición. El abogado de varios exmiembros del Govern, Gonzalo Boye, se apresuró a difundir en las redes sociales que el delito de sedición fue derogado en Alemania en los años 70.
Declaraciones judiciales
También ayer, los exconsellers Josep Rull y Raül Romeva se sumaron a las críticas del lunes de Jordi Sànchez ante el juez Pablo Llarena. En su citación para comunicarles su procesamiento, reprocharon al juez que son víctimas de un proceso judicial dictado desde el Gobierno.
Por su lado, la mayoría independentista de la Mesa del Parlament mantuvo ayer la delegación de voto de Carles Puigdemont y siguió adelante con la tramitación de la reforma legal que debe permitir la investidura a distancia. Con todo, han pedido informe previo al Consell de Garanties Estatutàries.