Los planes de JxCat de dar largas a la elección de un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat que no sea Carles Puigdemont acerca la repetición de elecciones autonómicas después de que, ayer, el juez Pablo Llarena denegase cualquier permiso para que Jordi Sànchez pudiese defender hoy en el Parlament su segundo intento de investidura.
El juez del Tribunal Supremo considera que persiste el riesgo de reiteración delictiva de Sànchez, en prisión preventiva desde octubre acusado de rebelión. En su auto, expone que "no puede eludirse que el señor Sànchez ha revalidado su objetivo delictivo integrándose en una candidatura que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia".
La portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, interpretó el auto como que cualquier candidato independentista que propongan "puede ir a la cárcel", e insistió en que Puigdemont siempre es su apuesta. En este objetivo se enmarca la tramitación de cambios en la Ley de Presidencia para permitir su investidura a distancia, si bien su aprobación no llegará al menos hasta principios de mayo, y previsiblemente sería recurrida. Los letrados del Parlament ya advirtieron sobre los planes de tramitación por máxima urgencia y sin que haya Govern.
El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, insistió en la petición de formar gobierno cuanto antes "para hacer frente a la represión intolerante e incesante del Estado desde las instituciones". El presidente del Parlament, Roger Torrent, pospuso el Pleno de investidura de hoy al no poder comparecer Sànchez y propondrá esta mañana a la Mesa presentar querella contra Llarena por presunta prevaricación, ya que considera que está vulnerando los derechos de los diputados independentistas. Desde C's, Carlos Carrizosa consideró que sería "un gasto absolutamente ilegal" que denunciarán "donde haga falta".
Mientras la tensión crece entre los grupos parlamentarios, la Guardia Civil registró ayer la sede del desde hoy disuelto Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) en busca de pruebas sobre el supuesto pago de 120.000 euros a observadores internacionales del 1-O.
Y en Madrid, el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, dejó en libertad con medidas cautelares a la presunta coordinadora de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenida el martes en Viladecans, a la que imputó por desórdenes públicos, y no por terrorismo ni rebelión.
Ponsatí seguirá en Escocia
Por otra parte, la Justicia escocesa prolongará, por lo menos hasta el próximo mes de agosto, su decisión sobre la posible extradición a España de la exconsellera Clara Ponsatí por presunta rebelión y malversación. Según el juez, el caso precisa de un complejo examen de pruebas con múltiples vistas, informó Reuters.
