La facturación de las empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña desde el 1 de octubre ascendía a más de 43.924,67 millones de euros a principios de marzo, según un estudio de Informa D&B publicado ayer.
De esta forma, la factura por la inestabilidad política generada a raíz del referéndum del 1-O empieza a ponerse negro sobre blanco tras la marcha de casi 3.000 empresas hacia otras comunidades autónomas. El informe constata que la Comunidad de Madrid ha sido la más beneficiada por la fuga, ya que ha atraído el 61,67 por ciento de las 2.854 compañías que han movido su sede fuera de Cataluña y el 84,52 por ciento de su facturación.
El periodo de incertidumbre política iniciado el 1-O provocó una aceleración en la salida de empresas de Cataluña, que alcanzó su punto álgido en la penúltima semana de 2017, con 307 cambios de sede social publicados en el Borme. Con todo, antes de la aplicación del artículo 155, la Generalitat intentó minimizar el impacto de estos traslados de compañías alegando que tenían un carácter temporal y que eran fruto de la presión del Gobierno español.
De hecho, Cataluña lleva años en cabeza del ranking de las comunidades que presentan una peor situación en lo que se refiere a la pérdida de sedes sociales. Según el informe, la economía catalana registró un saldo negativo de 217 cambios de domicilio en 2013, 322 en 2014, 254 en 2015 y 279 en 2016.
Movimientos hacia Madrid
La otra cara de la moneda la tenemos en la Comunidad de Madrid, que solo en 2017 registró un saldo positivo de 913 nuevos domicilios sociales, mientras que Cataluña obtuvo un saldo negativo de 1.347 en el mismo periodo. De hecho, el 49,9 por ciento de las empresas que eligieron cambiar su sede social a Madrid en 2017 procedieron de Cataluña. Lo mismo ocurrió con la facturación: Madrid atrajo en 2017 empresas con un saldo de ventas por valor de más de 26.724,45 millones de euros en 2016. En el mismo periodo, las empresas que abandonaron Cataluña para situar su domicilio social en otra comunidad representaron un saldo negativo de 29.778,52 millones en facturación del 2016.
El País Vasco (-73), Asturias (-13), Andalucía (-13) y Castilla y León (con -8) siguen a gran distancia a Cataluña en lo referente al saldo negativo en la pérdida de sedes sociales durante el 2017. En el otro extremo, acompañan a Madrid en la parte alta de la tabla la Comunidad Valenciana, con una cifra de 201 entradas más que salidas de sedes sociales, seguida de Islas Baleares (+105) y Aragón (+89).
En lo referente a facturación, los mayores saldos después de la Comunidad de Madrid corresponden a la Comunidad Valenciana (1.042,31 millones), Islas Baleares (1.033,47 millones) y Aragón (678,09 millones). En el lado opuesto, Castilla y León (-468,26 millones), Murcia (-111,50 millones) y Islas Canarias (-109,79 millones) siguen a Cataluña en el saldo de pérdidas de facturación agregada de las empresas que han movido su sede social fuera de estas comunidades.
