El Gobierno suizo rechazaría la extradición de la 'cupaire' por delitos políticos
Suiza podría tener que acostumbrarse a ver a Anna Gabriel. La ex- portavoz de la CUP en el Parlamento catalán no se presentó ayer a declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y éste emitió una orden de detención, pero solo válida para España.
El magistrado mantiene una orden similar para Carles Puigdemont, tras la retirada de la eurorden, y, por el momento, no ha cursado ninguna internacional. El contexto para dictar una orden vigente en el ex- tranjero no parecía muy positivo, ya que, tras la huida de Gabriel a Suiza, algunos miembros del Gobierno del país helvético habrían adelantado que, en un principio, no extraditarían a Gabriel por "delitos políticos". La cupaire, asimismo, había amenazado con la posibilidad de solicitar asilo político, en el caso de que se pidiese su extradición.
El trabajo diplomático a partir de ahora parece largo, ya que las relaciones en materia de extradiciones entre España y Suiza no pasan por su mejor momento, desde que en 2013 la Audiencia Nacional negara la de Hervé Falciani, que en diciembre de 2008 se hizo con los datos de 130.000 clientes del banco privado HSBC con sede en Ginebra. Falciani habría colaborado con varias autoridades para detectar evasores fiscales.
En el caso de Anna Gabriel, sin embargo, no ha podido ser ni siquiera analizado por la justicia suiza todavía; aunque, en un principio, el Ejecutivo de este país rechazaría la petición de extradición. El portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli, mostró este posicionamiento al considerar que el de Gabriel es "con toda probabilidad" un delito "político", en declaraciones al diario local Le Temps, recogidas por Europa Press. Según Galli, el Código Penal suizo y la Convención Europea de Derechos Hu-manos no permiten acordar la petición "por esos motivos".
En cualquier caso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó este miércoles que no se le ocurre "qué podría suceder para que las autoridades suizas no accedan a la extradición". No ve motivo para que declinen la solicitud de entrega si el juez Llarena la emitiera, por lo que "no hay que prever dificultad" si los posibles delitos que puedan atribuírsele en España también son "existentes" en Suiza.
Diez días para Rovira
Además, hoy arranca el plazo de diez días que el Supremo da a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para que deposite la fianza de 60.000 euros que le impuso Llarena, tras declarar por su presunta participación en el llamado "comité estratégico" independentista. En el mismo auto, emitido ayer, Llarena justifica la ausencia de medidas cautelares contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, que acudió a declarar el martes, ya que "sus circunstancias no son equiparables al riesgo" que se atribuye a los investigados para los que ha fijado medidas cautelares.