A pesar del caos político que vive Cataluña, el proceso de tramitación de los Presupuestos de 2017 continúa. La disposición adicional, que incluye el referéndum independentista unilateral, no se ha retirado de la ley presupuestaria, por lo que se votará la próxima semana, aunque el consejo de garantías estatuarias alertara que era contraria al Estatuto y a la Constitución.
JxSí, para escenificar contrición, pero para no perder el apoyo de la CUP, ha registrado una enmienda en la que añade el referéndum pactado con el Estado español. Los cupaires, por su parte, que habían "exigido" que no se tocara el texto, han presentado otra enmienda, que lo modifica, pero han preferido aparcar la polémica. Por ahora, los indicios indican que la CUP apoyará los Presupuestos, lo que evitaría la convocatoria de elecciones anticipadas, que es lo que piden los partidos de la oposición.
Futura impugnación
De acuerdo con el calendario previsto, el debate del articulado de la Ley de Presupuestos y de las enmiendas de los grupos se celebrará el próximo martes por la tarde. La votación final del texto está prevista para el miércoles 22 de marzo, al igual que la Ley de Acompañamiento. Este proyecto contempla la puesta en marcha de nuevos impuestos, como una tasa sobre nucleares, bebidas azucaradas; o la reforma que pesa sobre los grandes establecimientos comerciales. Ambas leyes pueden volver a avivar la tensión con el Gobierno de Mariano Rajoy y, además, la disposición que incluye el referéndum unilateral es susceptible de generar un nuevo encontronazo con el Constitucional. Una vez que Rajoy apruebe los PGE, si también incluyen una tasa sobre bebidas azucaradas, se podría abrir un nuevo conflicto de competencias.
Momento de explicaciones
Con la resaca de la decisión del TSJC el lunes, que ha inhabilitado a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por el 9-N por un delito de desobediencia, el protagonismo del expresidente catalán no decaerá. Está previsto que el próximo 29 de marzo comparezca en la comisión de asuntos institucionales para responder a las preguntas de los grupos sobre la presunta trama de financiación ilegal de CDC.
El juicio por el caso Palau está poniendo en evidencia el sistema de cobro de comisiones a cambio de obra pública que salpica al partido y que se conoce como el caso 3%. Artur Mas siempre ha defendido que la financiación de CDC había sido legal.
