Nuevo amago de crisis en el Gobierno de Cataluña, o nueva estrategia del independentismo para fingir desacuerdo y luego acercar posturas alegando su firme compromiso con el procés. La decisión del Consejo de garantías estatuarias, el órgano consultivo legal de la Generalitat y el Parlamento catalán, de dictaminar que la habilitación de partidas económicas para un referéndum de independencia no pactado con el Estado, que figura en el proyecto de Presupuestos, es ilegal, ha reabierto el conflicto interno.
La CUP ?cuyo apoyo es imprescindible para seguir adelante con los Presupuestos, la hoja de ruta independentista y mantener viva la legislatura? se resiste a cambiar el texto. Si no se llega a un acuerdo, la legislatura está en juego. De hecho, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, se comprometió a que si no había Presupuestos, convocaría elecciones. Fue una manera de presionar a la CUP, pero ahora es un compromiso que se puede volver en contra del Govern.
La ilegalidad no es problema
Para los cupaires, no es ningún problema continuar tramitando parlamentariamente un artículo que no es constitucional y que incumple el estatuto. De forma continuada, desde que apoyaran la investidura de Puigdemont, han pedido gestos de desobediencia.
Los anticapitalistas, de hecho, forzaron la introducción de la referencia explícita al referéndum en el anteproyecto de Presupuestos ?y el Gobierno catalán estuvo de acuerdo? a cambio de no presentar una enmienda a la totalidad del texto. Por ello ahora, cuando los Presupuestos van a llegar al Parlament, mantener el artículo es un asunto clave para la formación, que vería como sus cesiones a lo largo de las negociaciones sobre Presupuestos (especialmente en materia impositiva) quedan en nada si se quita.
Ayer, en rueda de prensa, Anna Gabriel y Albert Botran, diputados de la CUP, se reafirmaron en mantener el articulado e insistieron en que no "contemplaban" su retirada. En esta línea, instaron al Gobierno catalán a que, si querían enmendar el texto, lo negociaran con otros partidos. Aunque el dictamen del consejo de garantías no es vinculante, el Govern catalán, tras esta resolución, difícilmente podrá defender que desconocía que estaba promoviendo un texto desobediente con el Tribunal Constitucional.
Cambio de contexto
Esta exigencia implícita de desobediencia de la CUP, sin embargo, no parece que cuadre tanto con los planes actuales de JxSí. Todos los miembros del Gobierno catalán han recibido una notificación del Constitucional que les advierte de las consecuencias de promover un referéndum unilateral y, desde el área exconvergente de la coalición parecen más proclives a buscar otro camino. Tanto Puigdemont como Neus Munté, ambos exconvergentes, han señalado que sin ese artículo el referéndum puede continuar realizándose. Ayer, en numerosas ocasiones, Munté recordó que las partidas destinadas a "consultas", con las que se financiaría el referéndum, son totalmente válidas, lo que asegura la consulta.
No obstante, la CUP no parece que comparta su punto de vista y será Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía, el encargado de convencerles. Para presionarles, Munté adelantó ayer que también se puede negociar con otros partidos, como CSQP, que apoya el referéndum, aunque pactado.
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