Andreu Viloca, tesorero de Convergència y administrador hasta el pasado mes de septiembre, era la persona clave del partido en el cobro de comisiones, el epicentro en la trama criminal y de financiación ilegal del partido.
Esa es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía Anticorrupción que, de la mano del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), ordenó a la Guardia Civil una gran operación por el caso del 3 por ciento, que se saldó con 18 detenciones y 24 registros en edificios públicos.
En un comunicado, la Fiscalía aseguró ayer de forma tajante que "durante el desarrollo de la investigación ha quedado acreditado" que Viloca "llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones, bajo la esfera de CDC". De hecho, era él quien controlaba de forma sistemática los pagos que bajo la apariencia de donaciones escondían en realidad sobornos. Anticorrupción ha constatado cómo había empresas que pagaban justo antes de la licitación o de forma inmediatamente posterior a la adjudicación a las fundaciones vinculadas a CDC.
Viloca sustituyó en 2011 como tesorero del partido a Daniel Osácar, cuando éste fue imputado en el caso Palau. Cuatro años después era imputado, sin embargo, por el caso 3 por ciento, habiendo detectado ya la Guardia Civil comunicaciones con empresas sobre los procesos de adjudicaciones y listados de donantes. La Fiscalía asegura que de las entradas y registros efectuados hasta el momento, "se concluye la existencia de unos hechos que revisten los caracteres de delito de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos". La macrooperación de ayer de la Guardia Civil tiene su origen en actuaciones pasadas en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) por la denuncia de varios concejales sobre presuntos sobornos a cambio de concesiones.
Pero supone solo otra deriva en el pago de comisiones, que iba más allá de la Generalitat, llegando también, por ejemplo, al Ayuntamiento de Barcelona. Ayer fueron detenidos, de hecho, Antoni Vives, teniente de alcalde con Xavier Trias; Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, ya en libertad tras un registro, y el director general de Bimsa, la empresa pública de infraestructuras del Consistorio.
La soledad de Puigdemont
Esta operación ha vuelto a poner en evidencia las desavenencias entre los socios de Govern, que siempre trabajan para aparentar que están unidos en pro de la independencia. Por un lado, la CUP dijo que la investigación es una "bofetada" al procés, ya que éste debe ser impecable. El partido que está en coalición con la antigua Convergència también le ha dado la espalda a Puigdemont. El líder de ERC, Oriol Junqueras, eludió contestar sobre si le preocupaba cómo pudiera afectar al PDeCAT y puntualizó que lo que de verdad le escama es "que haya corrupción, por lo que pide la máxima diligencia contra estos casos". Junqueras añadió que en el momento en que se demuestre algo sobre el presidente del Puerto, Sixte Cambra, pedirán su dimisión inmediata.
