
Junts pel Sí y la CUP acercan posiciones para llegar a un acuerdo definitivo sobre los Presupuestos de 2017. Según fuentes conocedoras de la negociación, Junts pel Sí y la CUP están de acuerdo en crear un impuesto sobre las grandes fortunas similar al que aprobó Bildu en Guipúzcoa en 2012. En 2017 llegarían a ingresar 121,2 millones entre todos los impuestos y a partir de 2018, más de 181,3 millones.
En este caso, se gravaría la compra de inmuebles superiores al millón de euros, además de crear una nueva tasa sobre los activos no productivos, para evitar que inmuebles, vehículos, aeronaves o embarcaciones de particulares se pongan a nombre de una persona jurídica y eludan tributar. También buscaría evitar que se incluyan en gastos de representación. Con esta medida se recaudarían 27 millones de euros, ya que también se incrementaría el impuesto de transmisiones patrimoniales en inmuebles de más de un millón de euros, compraventa de oro y actas jurídicas para inmuebles de segunda mano adquiridos por empresas.
Este impuesto sobre grandes fortunas sería el gran triunfo de la CUP. Aunque primero lo tendrán que aprobar sus militantes el sábado. Sin embargo, la subida del IRPF que reclamaba sobre las rentas altas quedaría desactivada por el momento. El único cambio en este sentido sería la eliminación de la deducción del 1,5% sobre la compra de inmuebles en rentas superiores a los 30.000 euros anuales. Este cambio supondría un ingreso extra de 11 millones de euros a partir de 2018, al no tener que bonificar. Las deducciones por inversiones en el MAB también se suprimen.
Exprimir el turismo
La gallina de los huevos de oro en Cataluña es el turismo, y tanto la CUP como Junts pel Sí lo saben bien. Su idea es cobrar una tasa de 2,25 euros por noche a los turistas que pernocten en la ciudad de Barcelona, y 90 céntimos de euro fuera de la ciudad condal.
No sólo pagarán más los turistas que pernocten, los cruceristas que pasen una media de doce horas en Barcelona tendrán que pagar 65 céntimos de euro. Con todas estas medidas se estima recaudar 7,6 millones de euros.
Otra de las puntas de lanza en este sentido es exigir a Airbnb que actúe como "asistente en la recaudación", y se le sitúe como responsable de que los pisos que anuncia paguen impuestos.
Pero el otro impuesto que pretende marcar la diferencia es el que gravará las bebidas azucaradas. Esta tasa prevé recaudar 41 millones de euros, y la principal afectada empresarial será Coca Cola. Cobrarán 8 céntimos de euro por litro en las bebidas que contengan entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y 12 céntimos de euro en las que se elaboren con más de 8 gramos. Este no es un impuesto que haya demandado especialmente la CUP, de hecho, era un viejo reclamo de ERC en sus negociaciones de 2014 con la CiU de Artur Mas.
Precisamente ayer se votó una moción donde el Parlament avaló el impuesto a las bebidas azucaradas. Sin embargo, JxSí (con el PP) se opuso gravar los alimentos con azúcar "por la complejidad técnica que supone". JxSí y la CUP también escenificaron diferencias en la votación sobre subidas fiscales.
Otros gravámenes que se quieren reformular ante su suspensión por el Constitucional son el impuesto medioambiental (antigua tasa a las nucleares) y el de grandes superficies. Sólo con el nuevo impuesto verde se ingresarían 28 millones más el año que viene, y 60 millones a partir de 2018. En el de grandes superficies, se incluiría un gravamen al centro de 18 céntimos de euro por vehículo que use su párking.