Cataluña está en un proceso de transformación de su modelo de servicios mixto, donde lo público y lo privado habían creado una fórmula de éxito. Pero tras una crisis que ha azotado con fuerza sectores como la sanidad, la educación o el acceso a la vivienda y los servicios básicos, como el agua, la luz y el gas, algo ha cambiado. Lea el reportaje completo de forma gratuita en la Revista elEconomista Catalunya
Con el dogma de que estos servicios funcionan mejor gestionados por la propia administración, el nuevo Govern de Junts pel Sí en connivencia con la CUP, ha emprendido una cruzada para devolver al sistema público muchos contratos que habían sido entregados en concesión a empresas privadas.
No es un movimiento único del Govern. En numerosos ayuntamientos, con la entrada de Podemos y los denominados ?comunes?, se han empezado a realizar cambios, cuyo punto de mira se ha fijado sobre todo en la gestión y gobernanza del agua. Uno de los ejemplos es la alcaldía de Barcelona, encabezada por Ada Colau, que ya ha advertido que no hará ningún esfuerzo para que Agbar mantenga la concesión de la gestión del agua en el Área Metropolitana. Además, también ha advertido a Endesa y a Gas Natural de que las podría multar si cortan el suministro a familias que no puedan pagar.
En otros casos, las amenazas se han convertido en realidades y empresas, como Quirón Salud, Acciona o Sorea tendrán que mirar con lupa los avances de algunos de sus contratos en Catalunya, ya que podrían quedar en papel mojado. Además, estos movimientos también son una advertencia para las arcas catalanas, ya que podrían impulsar el gasto público, a la vez que se reducen ciertos ingresos. El Parlament ya ha apoyado el fin de las privatizaciones.
Comín, contra el 'lucro'
Si el primer gobierno de Artur Mas se caracterizó por ejecutar el mayor tijeretazo de la sanidad pública catalana con un recorte de más de 1.400 millones que culminó la privatización parcial con el copago sanitario defendido por el ex conseller Boi Ruiz; ahora el mismo partido integrado en Junts pel Sí está revertiendo su propia política.
El conseller de Salud, Toni Comín, cumplió con lo prometido a la CUP, "que la lista de centros hospitalarios integrados en el Sistema Sanitari Integral d?Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) sólo incluya centros de titularidad pública o sin ánimo de lucro y no centros hospitalarios privados con ánimo de lucro". Un mes después de entrar en el cargo anunció la expulsión de dos centros privados gestionados por Quirón Salud.
Estos son la Clínica del Vallès (la antigua Aliança) en Sabadell y el Hospital General de Catalunya en Sant Cugat. Esta decisión tampoco ha tardado en provocar sus primeras consecuencias. El lado más amargo de la política se ha visto con la decisión del grupo Quirón con el anuncio de un ERE de 257 personas, que atribuyó de forma directa a la decisión de la Generalitat.
La presidenta del comité de empresa de Quirón, Matilde Toro, avisa, indignada, de que los trabajadores "son víctima de una decisión política".
La siguiente víctima "política" será el Hospital Universitari Sagrat Cor, también propiedad de Quirón. La diferencia entre este y los ya expulsados, es que estos últimos tienen una actividad complementaria para paliar las listas de espera, pero el Sagrat Cor tiene un concierto por el que también realiza actividad ordinaria, algo que el propio Comín tildó de "asunto complejo" y adelantó que "hay que ver en manos de qué operador público se deja la gestión". Quirón cobró 82,1 millones de la Generalitat, de los que 59,3 millones fueron al Hospital Sagrat Cor, 15,6 millones al Hospital General y 7,2 millones a la Clínica del Vallès, según el propio Departamento.
El futuro es incierto. El delegado de Metges de Catalunya en el Parc Taulí de Sabadell, Jaume Mestre, explica que los hospitales del Taulí y Terrassa "podrían absorber" los pacientes que dejen de atender los centros expulsados "siempre y cuando se destine el mismo dinero y se especifique de forma franca y clara la actividad concreta que se va a recibir". Mestre añade que la precisión es importante, ya que será clave saber el número de pacientes y operaciones para planear cuantas camas y quirófanos hay que abrir, pues ahora permanecen cerradas por los recortes. El problema es que en el Taulí, además de tener unas urgencias más que colapsadas, advierte Mestre, "habría que hacer algunas obras de adecuación".
La Generalitat no precisa si estas acciones reducirán o aumentarán el gasto público, aunque Metges de Catalunya recuerda que "no debería haberse gestionado así". Una crítica a la que se suma la presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud, Cristina Contel, que asegura "el sistema sanitario no es viable ni sostenible sin sanidad privada". Esto, advierte, "debería hacer reflexionar a quienes criminalizan todo lo que tenga que ver con el sector privado".
El agua, el santo grial
En Catalunya hay una guerra por la gestión y gobernanza del agua. Esta se libra a nivel regional y local, donde han tomado parte desde alcaldes hasta políticos de primera línea. La empresa que dirige José Manuel Entrecanales, Acciona, es la que debe estar más preocupada.
La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) se hizo con prisas, en diciembre de 2012, ante la falta de liquidez del primer gobierno de Artur Mas. Tras una larga trifulca judicial con Agbar, que también pujaba por el concurso, el ejecutivo catalán se puso del lado de Acciona.
Pero ahora, la Generalitat ha cambiado de bando, y después de que el asunto haya recorrido los tribunales, es el Supremo quien debe fallar a favor o en contra de que se anule la concesión a Acciona. Junts pel Sí ya ha dejado entrever que quiere que así sea, para que la expropiación de facto no les cueste ni un euro. De hecho, uno de sus compromisos era abrir el debate sobre la gestión de ATLL.
El Parlament aprobó una moción que pretende que la gestión de ATLL pase a depender de una sociedad pública, previo paso por la Agencia Catalana del Agua (ACA). Pintan bastos para los intereses de Entrecanales, que firmó una concesión de una duración de 50 años a cambio de unos 1.000 millones. Medio siglo donde la plataforma Aigua és Vida, asegura que la factura se incrementaría en más de 3.000 millones de euros. Según el ACA, la privatización de ATLL ya ha tenido efectos sobre la factura del agua, que se ha encarecido cerca de un 25 por ciento en Barcelona.
Si Acciona se quedó con ATLL, su principal competidora, Agbar, consiguió en 2012 la concesión de la gestión del ciclo integral del agua del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) con el gobierno de Trias (CiU). Pero ahora, Agbar está en problemas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya anulado el contrato por considerar que se adjudicó de forma directa. La empresa ya ha adelantado que recurrirá para retener el contrato. Aunque el ente supramunicipal, concesionaria del servicio y parte del consorcio, no hará lo mismo.
La alcaldesa de Barcelona (y por ende de la AMB), Ada Colau, ya ha dejado claro que se mantendrá al margen y no hará nada por evitar la anulación. Lógico si se tiene en cuenta que uno de sus concejales es Eloi Badia, cara visible de la plataforma Aigua és Vida, y que la remunicipalización del agua fue una de sus promesas más fuertes. Según esta misma entidad, el 83 por ciento de los hogares catalanes pagan su tarifa del agua a una empresa privada. Por ello, algunos ayuntamientos han empezado a finiquitar los contratos de gestión del agua. Un ejemplo es Montornés del Vallés, gobernado por ICV-EUiA, que ha cesado las obligaciones contractuales que mantenía con Sorea.
El Parlament veta la privatización
La cámara catalana se ha pronunciado. "No llevaremos a cabo más procesos de venta de patrimonio ni privatizaciones para conseguir más ingresos, no es una buena opción". Por lo que, si la Generalitat sigue el mandato de su cámara stricto sensu, no privatizará ni un servicio más. Aunque en lo que al mandato del Parlament se refiere, hace unas semanas se votó a favor de una moción para retirar los 30 millones de subvención a escuelas privadas que segregan por sexos.
Pero Ensenyament ya ha avisado que desobedecerá a la su propia cámara parlamentaria, y que no lo hará por "no poder retirar estos conciertos de forma unilateral".
Colau ha ido más allá y ha devuelto a la red pública tres guarderías que privatizó CiU.El presidente de los concesionarios y empresas vinculados al sector público, Francesc Sibina, asegura que "el coste de la gestión era menor a través de empresas; el precio para los alumnos se mantuvo igual, y además, los padres estaban encantados; ahora hay 50 profesores en paro". No se ha confirmado si estos profesores podrán ser absorbidos por la administración en las 1.900 nuevas plazas que saldrán próximamente. Allí, sí estarán los trabajadores que se encargan del mantenimiento de parques y jardines, que pasarán a depender del erario público.
La alcaldesa de Barcelona también extinguirá el contrato que tenía una entidad del tercer sector que gestionaba la atención a las víctimas de violencia machista y de los puntos de información y asesoramiento a mujeres. Estos contratos incrementarán el gasto en 400.000 euros.
Contra las 'utilities'
La cruzada municipal también atañe a las empresas de servicios. Colau renovó por un año su contrato con Endesa, pero en 2017 se celebrará un concurso público para decidir qué empresa se encarga de este servicio. Colau ya amenazó con multas a Gas Natural y Endesa por no aplicar la ley 24/2015 en relación a pobreza energética. Incluso, llegó a advertirles que podría cesar los contratos.
En diciembre, también aseguró que Barcelona iba a crear su operadora eléctrica propia, con la que no cortaría ni gas ni luz por impago.
La Generalitat también pidió de forma pública que utilities financien parte del plan de choque social de 270 millones. El problema es que Gas Natural y Endesa aseguran que cumplen la ley y que el verdadero inconveniente es que la ley 24/2015 no está desplegada ni tiene protocolos creados, y esto, sólo puede hacerlo la administración.
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