Muchos ayuntamientos habían alzado la voz contra la denominada Ley Montoro que impide la contratación de nuevos funcionarios, más allá de las plazas para cubrir el 50 por ciento de bajas y jubilaciones.
Pero el Ayuntamiento de Barcelona y su alcaldesa, Ada Colau, se lo han pasado por alto, y no tienen reparo en esconder su desafío. "Sí, es una impugnación de la Ley Montoro, pero lo hacemos desde el ámbito legal a través de la carta municipal de Barcelona", señala Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del consistorio.
En concreto, Barcelona ha abierto la convocatoria de un total de 1.900 plazas públicas entre el pasado año 2015 y 2019. Este plan de recursos humanos pretende ?rejuvenecer la plantilla?, que está estancada en los 9.900 funcionarios desde el año 2009. Estas nuevas plazas significarán un aumento de prácticamente un 10 por ciento de todos los trabajadores municipales.
El plan es cubrir las 975 bajas y jubilaciones que se prevén en los próximos tres años y, además, crear 925 plazas para incorporar savia nueva a una plantilla que tiene una media de edad de 50 años. Estas medidas tendrán un coste para el presupuesto municipal de 20 millones de euros adicionales.
Pisarello subraya que los nuevos funcionarios se dedicarán a ?reforzar servicios básicos?, sobre todo en el ámbito de guarderías, servicios sociales básicos y especializados, asesoría jurídica y vivienda social para personas en riesgo de exclusión. Además de otras funciones como formación y políticas de ocupación, salud pública y servicios de prevención de incendios.
El primer teniente de alcalde explica que la ley actual ?obliga a externalizar?. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Barcelona es el que menos gasto destina en proporción a su pasivo de todo el Estado, invirtiendo tan sólo un 18 por ciento de toda la partida de gasto público, frente al 30 por ciento de Madrid, el 35 por ciento de Valencia o el 43 por ciento de Sevilla.
Por el contrario, en los últimos cinco años la partida de personal externalizado se había incrementado en 300 millones de euros. Por ello, el objetivo de esta medida también es absorber parte de los trabajadores que actualmente están subcontratados.
Sin embargo, esta medida no parece que vaya a ser el fin de la política expansiva de gasto público en el consistorio barcelonés, que también ha anunciado que convocará plazas de bomberos, mantenimiento y cuerpos de seguridad.
No descartan expropiar
El equipo de Ada Colau dejó entrever que este plan de recursos humanos podría ser ampliado a través de remunicipalizaciones.
Así, el Ayuntamiento ha dejado clara su posición de revertir privatizaciones de servicios públicos, tales como la del ciclo integral del agua en Barcelona, actualmente en manos de Agbar y en peligro por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
