Son comunidades hermanas por su compleja situación financiera, pero no tanto a los ojos de los inversores. Mientras que el mercado exige ahora mismo un interés del 4,37 por ciento a la deuda catalana a 10 años con vencimiento en 2020, en el caso de un bono similar valenciano, estos intereses se reducen hasta el 1,031 por ciento.
En cifras redondas, esta diferencia implica que el mercado, implícitamente, exigiría hoy a Puigdemont 33 millones de euros en intereses anuales adicionales sobre lo que pediría a Ximo Puig para financiarle 1.000 millones.
La diferencia se ha ampliado significativamente a lo largo del mes marzo, reaccionando a la rebaja de rating de S&P, que llegó justo después de que el 4 de marzo la Generalitat reconociera sus problemas de liquidez.
Los intereses que exigen los inversores a la deuda está relacionado tanto con el riesgo de los bonos (identificado a través de su calificación crediticia), como con las expectativas futuras y la demanda que exista para las emisiones en mercado. En el caso de Cataluña, en los últimos meses se ha cocinado un cóctel muy negativo con estos componentes, que aumenta la presión.
Por una parte, la comunidad soporta una calificación de bono basura por parte de las tres principales agencias de calificación de crédito (S&P, Moody?s y Fitch). En todos los casos, las calificadoras estudian si aplicar nuevas rebajas.
S&P explicó al rebajar su calificación el pasado 18 de marzo que mantenía un outlook negativo en previsión de que las tensiones políticas entre la Generalitat y el gobierno central aumentaran en los próximos meses. Fitch, en noviembre, ya había penalizado el desafío independentista, al rebajar la nota de la deuda de Cataluña tras la aprobación por parte del Parlament de la declaración rupturista el pasado 9 de noviembre.
La triple calificación de basura que soporta Cataluña y no la Comunidad Valencia, tiene un impacto directo en la demanda. El Banco Central Europeo (BCE) no puede adquirir deuda catalana por su mala nota de crédito, lo que limita el atractivo de sus emisiones. No obstante, la deuda catalana no consume recursos de capital financiero.
