"Nos sentimos como el césped sobre el que se pelean dos elefantes". Con esta frase tan visual, un representante del sector sanitario catalán describía ayer cómo su colectivo se había convertido en un daño colateral de la pugna política entre Madrid y Barcelona.
Con facturas pendientes de pago que superan los 2.000 millones, varias asociaciones del sector sanitario catalán realizaron un acto conjunto para exigir su pago en la sede de Pimec, la patronal de pequeñas y medianas empresas catalanas. "La única respuesta que nos ofrece la Generalitat es que espera la transferencia del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que está previsto que el Ministerio de Hacienda ejecute en diciembre".
La mayor parte de esta deuda (unos 1.500 millones de euros) la soportan los centros de asistencia sanitaria concertada. En total, la Generalitat les adeuda el 33% de la factura de junio y la totalidad de las julio, agosto, septiembre y octubre. Cristina Contel, presidenta de ACES (Associació Catalana d?Entitats de Salut) reconoció ayer que estos impagos pueden provocar que una veintena de centros no "puedan pagar las nóminas del mes de noviembre". elEconomista ya lo adelantó el pasado miércoles.
En los primeros días de noviembre, la Generalitat explicó que necesitaba 2.300 millones de forma inmediata. El Ministerio de Hacienda se mostró dispuesto a transferir el dinero, pero fue antes de la aprobación de la declaración rupturista en la cámara catalana.
La fortísima tensión que existe entre el Gobierno central y el de Cataluña ha convertido al sector sanitario en el colchón que está financiando por obligación un "derecho fundamental que debe defender la administración pública", según explicaron.
La deuda con las farmacias
La Generalitat adeuda 334 millones a las 3.100 farmacias catalanas "que están operadas por autónomos", según recuerda Jordi de Dalmases, presidente del Consejo de colegios farmacéuticos de Cataluña. Estos retrasos les obligan o bien a posponer los pagos a los proveedores, o bien a buscar financiación (con el correspondiente pago de intereses) para abonar las facturas.
La larga lista de impagos (los farmacéuticos denuncian que los retrasos en los cobros son tónica general desde hace cuatro años) provoca que este colectivo advierta que valoraría poner en marcha otras medidas de presión si no cobra los retrasos. "No descartamos nada", aseguró Jordi de Dalmases, que, puntualizó que cualquier medida consideraría el impacto social.
La Generalitat también debe 40 millones de euros a las compañías integradas en la patronal de pequeñas y medianas residencias (Upimir). Asimismo, tampoco ha abonado la factura de agosto al sector de ortopedistas, aunque Santiago Maza, presidente de Fetor, la patronal del sector, explicó en el acto celebrado en Pimec, que esperaba cobrarlo a finales de este mes.
El año pasado, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denunció a España ante la Unión Europea por no cumplir la directiva contra la morosidad, que, en el caso del sector sanitario catalán es especialmente acusado. "Se está incumpliendo claramente la ley", afirma Antoni Cañete, presidente de PMcM.
