Cifran en 1.945 los empleados públicos que cobrarán todas las pagas extras en Cataluña.
La decisión de la Generalitat de no recortar una de las dos pagas extra a los empleados públicos con un sueldo inferior a 18.068 euros anuales afectará solo a 1.945 personas, lo que supone menos de un 1% de los 200.000 trabajadores de la función pública, según han criticado este jueves los sindicatos tras reunirse con representantes del Govern.
Además de estos 1.945 empleados que cobrarán la paga entera, el Govern prevé abonarla parcialmente a 3.029 trabajadores que tienen un salario anual superior a los 18.068 euros pero que con el recorte de la paga entera no alcanzarían este límite.
Según los sindicatos, esta exención supondrá menos de seis millones de euros para la Generalitat, de los 740 de ahorro que supone recortar la paga a todos los empleados públicos.
El secretario de Organización y coordinador del área de Función Pública de CC.OO. de Catalunya, Xesús González, ha considerado que es una medida "arbitraria", y ha ejemplificado que habrá trabajadores con un sueldo de 18.400 euros que acabarán cobrando menos que el que tiene un sueldo de 17.800 euros.
También ha criticado las formas del Govern, ya que ha afirmado que debería haber negociado esta medida con los representantes sindicales antes de anunciarlo, un extremo en el que ha coincidido el responsable de Función Pública de UGT de Catalunya, Xavier Casas, que ha reprochado que la Generalitat haya convocado la reunión sin facilitarles ninguna información, lo que ha considerado "absolutamente intolerable".
En una intervención este miércoles en el Parlament, Ortega también ha explicado que en la Mesa de la Función Pública de este jueves, el Govern planteará a los sindicatos medidas para avanzar hacia una mayor "flexibilización", y también para conciliar la vida familiar y laboral.
Ha destacado que estas medidas son una consecuencia del "ahogo" económico que sufre la Generalitat, y que, si el año pasado se tuvo que suprimir una de las 14 pagas, lo mismo ocurrirá este año, aunque el Govern ha procurado que en 2013 esta medida no impacte a los empleados públicos con menos poder adquisitivo.
