Cada día un enfrentamiento con el Estado español. Esa parece ser la receta que aplica el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para que se mantengan los ánimos encendidos, al menos, hasta las próximas elecciones autonómicas del próximo 26 de noviembre. Ayer, el motivo de choque fue la aprobación por parte de la Generalitat de un decreto ley para blindar el modelo de horarios comerciales catalán mucho más reestrictivo con las aperturas en festivos que la reforma liberalizadora impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, justificó ayer la aprobación de esta modificación legislativa porque el comercio es una "competencia exclusiva" de la Generalitat y por lo tanto, "el decreto catalán pasa por encima del estatal".
De hecho el nuevo decreto ley blinda el modelo actual, ya que mantiene un máximo de 72 horas semanales de apertura de lunes a sábado, ocho días festivos anuales de apertura autorizada, la limitación de periodos de rebajas y la exclusión del horario comercial general de los establecimientos de alimentación con una superficie de hasta 150 metros cuadrados.
Por el contrario, el real decreto ley estatal de medidas liberalizadoras del comercio que aprobó el Ejecutivo de Rajoy permite a los comerciantes, entre otras cosas, hacer rebajas durante todo el año, eleva de ocho a diez los festivos en los que podrán abrir, permite la apertura en festivos de superficies comerciales de hasta 300 metros cuadrados y obliga a varias ciudades a liberalizar horarios en zonas turísticas.
La aprobación del nuevo decreto ley referido al comercio no es sólo una manera de frenar la injerencia del Gobierno central, sino que además tiene como objetivo defender los intereses de los pequeños y medianos comerciantes, que tradicionalmente son una de las bases electorales más solidas que tiene CiU.
De hecho, el decreto aprobado ayer incluye algunas excepciones que favorecen a este colectivo. En concreto, se incorpora como novedad una nueva excepción para establecimientos dedicados esencialmente a la venta de productos culturales o de ocio de hasta 300 metros cuadrados, de los cuales sean titulares pequeñas o medianas empresas, que no pertenezcan a grupos o cadenas de distribución ni operen bajo el mismo nombre comercial. Estos establecimientos quedan exentos de la aplicación de la normativa general.
El Estado se defiende
Por su parte, la secretaría de Estado de Comercio reiteró ayer que el pasado mes de julio ya comunicó por escrito al consejero de Empresa y Ocupación de Cataluña, Francesc Xavier Mena, un informe de la Abogacía del Estado que concluye que la ley básica estatal prevalece sobre la autonómica, tanto anterior como posterior. Según este informe, el artículo 149.1.13 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación básica en materia de horarios comerciales, tal y como ha sido respaldado por la jurisprudencia del TC. Por el contrario, la Generalitat asegura que el Estatut, que es una ley Orgánica, prevalece sobre la legislación estatal. La Generalitat ha planteado una comisión bilateral previa a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, pero, según el Gobierno, hasta que el TC no se pronuncie, la Generalitat debe cumplir la ley estatal.
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