Ocho de los altos cargos más importantes de Caja segovia están recibiendo ya desde su retiro -aunque alguno sigue trabajando en otros sectores- elevadas cantidades que, en conjunto, y hasta su jubilación superan los 17 millones de euros. Si este dinero no les diera para vivir, una vez superen los 65 años podrán disfrutar también de las pólizas y pensiones diseñadas tanto por la entidad como la acordada con la aseguradora Caser por una suma global de otros 15,2 millones repartidas, en este caso, entre 12 directivos.
El desembolso global de algo más de 32 millones de euros recurrido ante el juez es prácticamente la misma cantidad que Caja Segovia ha destinado para su Obra Social en los últimos cuatro años, según publica abc.
La lista de beneficiarios de estas condiciones la encabeza con diferencia el ex director general, Manuel Escribano, que recibirá un total de 5,6 millones en concepto de prejubilación «mensual» a los que añadirá a partir de los 65 años otros 9,5 millones después de dejar la Caja con un sueldo superior a los 850.000 euros anuales.
Su sustituto por espacio de apenas un año fue Miguel Ángel Sánchez Plaza, que se marchó con la seguridad de recibir a lo largo de su vida un total cercano a los 12 millones entre un capítulo y otro.
A mucha distancia les sigue el ex director de Riesgos, Óscar Javier Varas (una suma de tres millones) y el ex director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla Herrero (2,6 millones). En el listado también aparecer el ex secretario general de la entidad, Antonio Luis Tapias, al que le concedieron un global de dos millones entre prejubilación y pensión.
Por encima del millón de euros aparece el ahora edil del PP Juan Antonio Folgado, aunque sus pólizas «apenas» superan los 148.000 euros. Otro miembro del Consejo de Dirección que recibe ya sus abonos es Juan Bautista Magaña, que logró un pago de 687.000 euros y unas primas de jubilación de similar cantidad.
El último en engrosar esta nómina es Malaquías del Pozo, quien dejó hace unos días su cargo de Director de Comunicación y Obra Social y que, según los números en poder de la Audiencia, percibirá una suma conjunta de cerca de 800.000 euros.
Las cantidades, confirmadas por varios miembros del actual y el anterior Consejo de Administración (cambió el pasado 27 de julio) han sido remitidas tanto a la Audiencia Provincia como a la Nacional, que instruye las diligencias para decidir si ve indicios de delito y es necesario abrir un juicio al respecto.