El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, solicitó ayer a la Junta Única de Resolución (JUR) europea, al Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (Frob), al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco de España toda la información sin censura que envuelve la resolución del Banco Popular, según han confirmado fuentes cercanas al caso a elEconomista.
La petición judicial llega después de que el organismo que preside Jaime Ponce remitiera un escrito al magistrado en el que informaba que los documentos propios del Frob se pasarían al juzgado sin censura, pero los que son propiedad de la JUR se respetaría su edición. No obstante, el Frob abrió la puerta a que, si la sala se oponía, facilitaría los documentos de forma íntegra y sin censura. Ahora, el magistrado le ha solicitado estos papeles.
Entre la documentación exigida se encuentra el ya controvertido informe de valoración realizado por Deloitte sobre el Banco Popular. Este informe arrojaba una valoración positiva de la entidad de 1.300 millones, aunque en su escenario más crítico, la valoración negativa alcanzaba los 8.200 millones de euros.
La propia firma auditora reconocía que la valoración era incierta y apresurada puesto que se había realizado en doce días en vez de en el tiempo estipulado de seis semanas. Además, Deloitte también señalaba en su informe que el precio de venta del Popular sería el de la oferta que decidiera hacer el mercado. Sin embargo, la JUR directamente propuso el precio de venta a tan solo un euro.
Los accionistas y bonistas del Popular que perdieron toda su inversión se agarran a la información de estos documentos para poder realizar su defensa. No obstante, tanto el Banco Central Europeo como la JUR han sostenido desde el pasado verano que la información que contiene es confidencial y su publicación puede tener efectos negativos sobre los mercados financieros.
