El Banco Popular ya ha recibido los 6.880 millones de euros que su nuevo dueño, el Santander, captó en su última ampliación de capital que cerró el pasado 27 de julio. Aunque dicha ampliación la anunció el grupo presidido por Ana Patricia Botín, el objetivo siempre fue inyectar los fondos recabados en la entidad antes presidida por Emilio Saracho para recapitalizarla. Concretamente, de los 6.880 millones captados en la ampliación, el Santander ha inyectado 2.736,09 millones directamente en el capital social del Popular, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). De este modo, el capital social total resultante asciende a 3.420,12 millones de euros. Los restantes 4.143 millones de euros inyectados, corresponden a la prima de emisión de las acciones para llevar a cabo la operación.
El Santander anunció la ampliación después de adquirir el pasado 7 de junio el Popular por un euro, tras la resolución de la entidad por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, con el objetivo de digerir la compra del banco. Cabe recordar que el grupo cántabro ya se deshizo el pasado 8 de agosto de una parte de la cartera inmobiliaria del Popular para reducir morosidad y activos tóxicos en el balance tras venderle el 51% de la misma al fondo norteamericano Blackstone. La valoración neta del total de los activos de la cartera asciende a 10.000 millones de euros y se compone de inmuebles, créditos dudosos y activos fiscales.
Esta transacción implica la creación de una nueva compañía que estará participada en un 49% por el Popular y, en un 51%, por Blackstone. Además, el fondo será el encargado de gestionar el patrimonio de la sociedad bajo el plan trazado antes de la adquisición. De este modo, el traspaso de los activos inmobiliarios del Popular a la nueva empresa supondrá la desconsolidación de los mismos en el balance del banco.
51 demandas
Los afectados por la resolución de la entidad, especialmente accionistas y bonistas del Popular que perdieron toda su inversión, han interpuesto un total de 51 demandas ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra la decisión de la JUR y, en algunos casos, las acciones también van dirigidas contra la propia Comisión Europea. El tribunal de Luxemburgo se enfrenta así, y por primera vez, ante el caso que mayor número de demandas acumula contra una única resolución de la UE. El plazo para presentar las respectivas acciones ante la UE acabó el 17 de agosto, es decir, dos meses después de la resolución del Popular, más diez días de prórroga por cuestión de distancia.
Este jueves día 7 finaliza a su par la fecha límite para presentar las respectivas acciones ante la Audiencia Nacional, que al igual que el tribunal europeo tiene un plazo de dos meses a partir de la resolución, aunque en este caso cabe tener en cuenta que agosto es un mes inhábil en España. Entre los demandantes hay grandes inversores como el mexicano Antonio del Valle o la familia chilena Luksic, fondos internacionales como Algebris, Anchorage y Ronit o accionistas minoritarios agrupados en asociaciones y despachos de abogados.
