El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer el documento no confidencial al que se acogió para declarar la inviabilidad de la entidad entonces presidida por Emilio Saracho. El BCE asegura en dicho informe, elaborado el pasado 6 de junio, que la "excesiva" salida de depósitos, junto a la velocidad a la que la entidad perdía liquidez, y especialmente, a la incapacidad de generar más liquidez, denotaban la imposibilidad del Popular para poder hacer frente al pago de sus deudas y obligaciones a su vencimiento y, por tanto, pronosticaban la caída del banco.
El BCE, además, recibió ese mismo día un comunicado del consejo de administración del Popular en el que sus miembros ya advertían de la probabilidad de que el banco cayera. Mario Draghi, presidente del BCE, aseguró en su día que su papel en la resolución del Popular fue nulo y simplemente se limitó a declarar la inviabilidad de la entidad. Un día después, el 7 de junio, la Junta Única de Resolución (JUR) europea aprobó la resolución de la entidad y su posterior venta al Santander por 1 euro.
La resolución del Popular fue la primera intervención de una entidad financiera europea en la que se evitó inyectar dinero público, aunque, sin embargo, se hizo por problemas de liquidez y no de insolvencia. Cabe recordar que entre los días 2 y 5 de junio, la entidad perdió 2.000 millones de euros al día en depósitos, mientras que entre abril y mayo, la fuga fue de 9.300 millones de euros.
Al respecto, el informe del BCE señalaba que "no hay medidas de intervención o supervisión tempranas disponibles para restaurar la posición de liquidez de la entidad de forma inmediata" con el objetivo de "ganar tiempo" para implementar otra solución. En la misma línea, el 16 de junio, el ministro de Economía, Luis de Guindos, pidió dotar al Fondo Único de Resolución (FUR) de un instrumento de liquidez específico para evitar casos como el del Popular.
Prensa y especulaciones
El informe del BCE también señala que las informaciones "negativas" que comenzaron a publicarse a partir de enero, así como las especulaciones sobre la renuncia de los altos directivos del banco, incrementó la incertidumbre sobre el Popular. Tampoco ayudaron las cuentas de 2016, presentada en febrero, que exponían la necesidad de realizar provisiones adicionales por valor de 5.700 millones de euros, generando unas pérdidas de 3.488 millones al cierre del ejercicio. Este anuncio provocó que el 10 de febrero DBRS rebajara la calificación del Popular, decisión que tomaron dos meses después S&P y Moody's.
Entidades
