La banca ha recibido otro duro golpe inesperado, que le supondrá un coste añadido de unos 2.500 millones de euros. El Tribunal de Justicia de la UE, en contra de las conclusiones de su abogado para el caso, tumbó la doctrina del Supremo español e impuso la aplicación de la retroactividad total en las devoluciones de las entidades por cláusulas suelo hipotecarias abusivas o poco transparentes. Es decir, que tendrá que devolver el dinero cobrado de más desde el momento de su aplicación.
De esta manera, el sector tendrá que reembolsar algo más de 4.000 millones a los afectados, según los cálculos realizados por el Banco de España. Hasta ahora, las entidades habían llevado a cabo provisiones por un importe aproximado de 1.500 millones, ya que daban por hecho que iban a tener que reintegrar dinero desde mayo de 2013, fecha fijada por el Supremo en su condena del mismo año a BBVA, la antigua Novagalicia y Abanca.
El varapalo para el sector, cuyo impacto definitivo se tendrá que afinar en los próximos meses, se produce en un momento delicado, con los ingresos bajo máxima presión por los tipos en negativo. No se descarta que algunas entidades puedan entrar en pérdidas y el coste del fallo europeo conlleve el empujón que necesitaba el sistema para abordar una nueva ronda de fusiones y una aceleración en los planes de ajustes de sucursales y trabajadores.
La factura no es homogénea y dependerá en gran parte a cómo se ejecute finalmente la sentencia. Mientras que los juristas y las entidades abogan por analizar uno a uno los casos, porque existen cláusulas que son legales y se rebajaría la cifra considerablemente, el PSOE y las asociaciones de consumidores están presionando para que el Gobierno imponga algún tipo de solución extrajudicial. El Ejecutiva de momento lo descarta.
Las entidades, en los últimos tiempos, han alcanzado acuerdos con los clientes para reducir el efecto, con el cambio de condiciones en los tipos de interés, eliminando las cláusulas suelo y fomentando las tasas fijas. Algunas fuentes destacan que el problema se ha reducido a la mitad. Es más, recuerdan que a principios de este año el Banco de España calculaba en unos 7.500 millones de euros el volumen de las devoluciones.
Ahora, tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo se espera que la banca aumente el número de negociaciones con la intención de que los clientes desistan en su intención de reclamar por la vía judicial y, por consiguiente, se ahorran las costas, que pueden llegar a suponer un aumento de la factura en torno a un 30%.
El sector financiero, en líneas generales, indicó que respeta las decisiones de los tribunales, pero defendió la legalidad de las cláusulas suelo aplicadas. Considera que el dinero a devolver, probablemente bajará, porque no todos los afectados demandarán. Además, no está claro todavía cómo afecta el fallo europeo sobre los casos ya sentenciados y cerrados porque vela, a priori, el denominado principio de cosa juzgada, tal y como destacan expertos jurídicos como Verónica Rodríguez, del despacho Rodríguez & Pérez, y Eduardo de León, de Araoz & Rueda.
Provisiones
Además, distintas fuentes financieras sostienen que el efecto en beneficios no será relevante, porque las provisiones que ya han realizado muchas entidades cubren las indemnizaciones que finalmente tendrán que abonar. Normalmente, el porcentaje se sitúa en un 40%-60% del máximo posible.
Entre las entidades más afectadas por la sentencia se encuentran CaixaBank y BBVA. En el caso del grupo catalán, el impacto añadido se sitúa en un máximo de unos 735 millones. La entidad ya había provisionado 515 millones para asumir un fallo. CaixaBank cuantificó este verano el importe en 1.250 millones como mucho, aunque indicó que la cuantía probablemente sería muy inferior al máximo. La entidad eliminó el año pasado todos los topes en los contratos de los clientes.
BBVA limitó a 404 millones de euros el coste neto de impuestos en provisiones, que cargará contra los resultados del último trimestre de este año. El grupo ya había dotado unos 60 millones para cubrirse de todos los riesgos de la cartera de CatalunyaBanc. La cifra es muy inferior a la publicada por el banco este verano, en la que estimaba el impacto de una retroactividad total en 1.200 millones brutos.
El banco que preside Francisco González decidió anular en 2013 todas las cláusulas tras la condena del Tribunal Supremo. Entonces, su cuenta de resultados se vio mermada en 420 millones por los menores ingresos al retirar los suelos.
Por su parte, Bankinter y Santander se ahorrar este efecto, porque nunca vendieron estos contratos hipotecarios en sus oficinas. El grupo cántabro heredó unas pocas hipotecas con esta cláusula contratadas exclusivamente por empleados de Banesto, y resolvió la situación en una negociación con los sindicatos.
El Popular, por su parte, tendría que destinar casi 640 millones a indemnizaciones, pero tiene coberturas para prácticamente la mitad del importe. El grupo que preside aún Ángel Ron asumirá el impacto adicional con el esfuerzo de provisiones previsto para fin de año y anunciado cuando realizó la ampliación de capital de 2.500 millones en junio.
Otro grupo que se vería afectado sería el Sabadell, con unos 170 millones adicionales. La entidad que preside Josep Oliu, no obstante, tendría que devolver un máximo de unos 700 millones a los clientes de declararse nulas todas su cláusulas suelo. No ha efectuado provisiones específicas porque defiende la legalidad de sus contratos, pero la hucha de genéricas es suficiente para cubrir cualquier resarcimiento hasta 2013 (de más de 500 millones).
El agujero global para Liberbank será de 163 millones, aunque tendrá que dotar ahora unos 83 millones como máximo, según sus propios cálculos.
