La llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid en 1996 liberalizó el uso de la tarjeta opaca, que además de utilizarse como gasto de representación se convirtió en una vía más de remuneración a la cúpula directiva. Los diez exconsejeros de la entidad que comparecieron este lunes como imputados ante el juez Fernando Andreu coincidieron en la misma idea. Blesa, sobre un exconsejero que preguntó sobre los movimientos de su tarjeta: "¿De qué va este señor?".
De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas y, según confirmaron algunos de ellos, Blesa les dio autorización para seguir usando estas tarjetas durante los tres meses siguientes a su salida de la caja, mientras se les buscaba acomodo en el consejo de algunas de las participadas. "Eran los usos y costumbres", explicó por ejemplo el exalcalde socialista José María Arteta, asegurando que a él le informó de este extremo el también imputado José Manuel Fernández Norniella.
Los exconsejeros que comparecieron -los diez citados, salvo Gerardo Díaz Ferrán, que se negó a declarar- discreparon sin embargo en varias cuestiones. La primera y más importante es si la tarjeta era para gastos de representación, como defendieron algunos de ellos, o formaba parte del paquete retributivo, como aseguró José Antonio Moral Santín, el representante de IU, que cargó 456.552 euros.
Del mismo modo, también discreparon sobre si les estaba permitido retirar dinero en efectivo, de forma que mientras Moral Santín, que sacó del cajero más de 300.000 euros mantuvo que sí, otros, como Gonzalo Martín Pascual, de UGT, aseguraron que se les había advertido expresamente de que no podían, insistiendo de hecho, que carecía de número PIN.
El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió este lunes una fianza solidaria para seis de los diez imputados que declararon, una postura a la que se adhirió además el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Para los únicos que no se solicitó la caución fue para los sindicalistas de CCOO Rodolfo Benito y Juan José Azcona; para el de UGT Gonzalo Martín Pascual y para el representante de los impositores, Guillermo Marcos Guerrero. Todos ellos habrían intentado acreditar que el uso que dieron a la tarjeta se limitó únicamente a gastos de representación, sin que hubiera habido un uso personal.
El único que parece haber convencido completamente al fiscal es Azcona, y en menor medida también Martín Pascual. En el caso de Benito y Guerrero, que han impugnado los gastos, alegando que algunos de ellos están incluso por duplicado, el Ministerio Público se reserva sin embargo la posibilidad de pedir más adelante la fianza.
Y es que, siempre según las fuentes consultadas, la Fiscalía está convencida de que los consejeros pudieron haber cometido un delito de administración desleal al permitir que un total de 82 miembros de la cúpula directiva de Caja Madrid (entre consejeros y directivos) se gastaran 15,5 millones de euros con estas tarjetas opacas.
Hoy han continuado las comparecencias con José Manuel Fernández Norniella y el ministro socialista Virgilio Zapatero, entre otros. Para ellos, Anticorrupción también ha pedido fianzas civiles por valor de lo que gastaron.
Entidades
Fianza: todo lo gastado
