Bloqueo de la Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Administración del Estado, a la investigación de las preferentes de Caja Madrid emitidas bajo la gestión de Miguel Blesa. Según han confirmado fuentes jurídicas próximas al caso, el Ministerio Público ha rechazado hace tan sólo unos días una petición presentada por un grupo de preferentistas para que se examinen los estados financieros de la entidad previos a la emisión de estas participaciones, por un valor de 3.000 millones de euros.
Su objetivo era que se determinara si, al igual que ha ocurrido con las cuentas elaboradas para la salida a bolsa de Bankia, hubo falsedad contable y los estados financieros tampoco reflejaban la imagen fiel de la entidad. Estas preferentes fueron colocadas por la red de sucursales, ocasionando posteriormente pérdidas para gran parte de sus inversores.
Tras el informe pericial de la salida a bolsa en 2011, este grupo, personados en la causa, reclamó al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que encargara un informe exhaustivo sobre la situación patrimonial de Caja Madrid en 2008 y 2009. Aunque la Fiscalía se ha opuesto en un escrito presentado al juez, será éste, no obstante, el que tenga la última palabra.
Peritaje de la salida a bolsa
La petición estaba respaldada por el peritaje de la salida a bolsa, que había concluido que los balances de BFA-Bankia contenían errores contables desde su creación en 2010, por lo que es más que probable que las cuentas de las cajas, o al menos de alguna de ellas, estuvieran viciadas. Todo ello teniendo en cuenta que el patrimonio de ese ejercicio corresponde a una mera agrupación de estados de las siete entidades de ahorros que conformaron el grupo.
Durante su comparecencia el pasado 12 de enero en la Audiencia Nacional, los peritos del Banco de España Victor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets declararon ya ante el juez que los errores en las cuentas de Bankia no eran algo que hubiera ocurrido en exclusiva en 2011, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, ni posteriormente en 2012, cuando su sucesor en el cargo, José Ignacio Goirigolzarri, hizo una reformulación de las mismas. En su informe, los peritos sostuvieron que había irregularidades, fundamentalmente inmobiliarias, desde el ejercicio 2008. No obstante, también aseguraron durante su declaración y, ante las preguntas, entre otros, de la Fiscalía, que no habían realizado un análisis de toda la etapa de Caja Madrid por considerar que quedaba fuera del objeto de su pericial
La contabilización definitiva de la combinación de negocios tras la fusión de cajas que dio origen a Bankia reconoció deterioros por activos por 3.931 millones. Los peritos indican que había unos riesgos procedentes, en concreto, de Caja Madrid, que contaban con toda la información necesaria , "por lo que no se entiende la falta de registro en su deterioro". Fuentes próximas a los inversores consultadas por este periódico reconocen su sorpresa por la decisión de la Fiscalía, que podría suponer un frenazo a la instrucción de la causa por la vía penal en el caso de que el juez acabe aceptando su petición.
El magistrado, en los últimos años, se ha opuesto a distintas iniciativas solicitadas por la acusación, que finalmente ha tenido que aceptar por la decisión de la Sala Tercera del tribunal. Por ejemplo, ha tenido que incorporar a la causa los correos corporativos de Blesa, en los que insinuaba que en la comercialización de las preferentes en 2009 se había engañado a los inversores.
"Ocultar la insolvencia"
Andreu también tuvo que imputar al expresidente de Caja Madrid y varios de sus exdirectivos por reclamo de la Sala Tercera al considerar que con la venta de estos instrumentos la entidad podría haber ocultado la verdadera situación de la entidad madrileña.
En el auto en el que instaba al juez a investigar la colocación de las preferentes, la Sala de lo Penal indicaba llamara a declarar a Blesa por haber podido "paliar, ocultar, retrasar de alguna manera el deterioro de Caja Madrid en 2008 y 2009 y haber utilizado la emisión de las participaciones como una manera de captar activos y disfrazar la insolvencia en la que se encontraba".
Blesa fue imputado y en su testificación ante el juez defendió que la comercialización de las preferentes estuvo avalada por el Banco de España y la CNMV y consideró se mofó de los inversores que adquirieron este producto. "Ser minoritario o jubilado no significa ser un ignorante financiero".
Los preferentistas, en su mayor parte, han podido recuperar su dinero gracias al arbitraje puesto en marcha por la entidad en 2012. Pero muchos otros continúan su pelea en los tribunales para conseguir subsanar el perjuicio causado.
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