La preocupación por la situación de Habitat fue advertida por la cúpula cinco meses después. Los peritos judiciales dicen que debería haber realizado provisiones en las cuentas de 2010.
Errores contables, valoraciones incorrectas y manipulación en el precio son algunas de las conclusiones de los peritos judiciales de la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido en torno a la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011, donde unos 350.000 inversores han perdido 3.000 millones de euros. Pero hay más. El grupo no había cubierto sus riesgos, pero además tampoco lo advertía de ello en el folleto de emisión de las acciones, que fue avalado por la auditora Deloitte.
Uno de los agujeros más relevantes los tenía la división inmobiliaria, Bankia Habitat. Pese a ello, la situación del sector y las relaciones contractuales con las sociedades en las que participaba, el grupo "no tenía ninguna provisión constituida", destaca el informe de los expertos, dos inspectores del Banco de España cedidos por el supervisor.
No se producen las primeras dotaciones desde que se constituye el conglomerado financiero, en 2010, hasta la reformulación de las cuentas de 2011 a petición del nuevo jefe del área inmobiliaria, el vicepresidente de la entidad, José Manuel Fernández Norniella, que expone las serias dificultades por las que atraviesa la filial en un consejo celebrado a finales de ese año, cinco meses después de la oferta pública de títulos.
En esa reunión, según el acta, describe el estado de la cartera de los activos y sociedades participadas y sostiene que su estado es "complejo". Pone de manifiesto que el número de firmas en las que Bankia Habitat es accionista alcanza 294, de las cuales existe control total en 47 y en 211 son socios con menos del 50 por ciento del capital. Y también hace hincapié en que la mayor parte de los socios promotores con los que cuentan son "insolventes".
Bancaja, el gran problema
En el consejo resume que el 51 por ciento de estas compañías con dificultades económicas importantes provienen de Bancaja con "un riesgo alto", el 20 por ciento de Caja Madrid, "con riesgo bajo" y el 29 por ciento restante de las otras cinco cajas que crearon Bankia, "con riesgo medio".
Con estas cifras sobre la mesa, Fernández Norniella achacó todos estos problemas al presidente de Bancaja, José Luis Olivas, de la situación de la filial inmobiliaria, de la que era responsable hasta diciembre de 2011, al igual que al director de Auditoría Interna, Miguel Ángel Soria, que dependía jerárquicamente de Olivas.
"Sin duda, esta inadecuada estructura organizativa por la inexistencia de una adecuada segregación de funciones no ayudó a poner de manifiesto la situación de deterioro de las sociedades participadas inmobiliarias, así como en su caso, las operaciones con indicios de actuaciones irregulares, la mayoría de las cuales venían de Bancaja y Bancaja Habitat", indica Fernández Norniella a los consejeros de Bankia el 12 de diciembre de 2011. Estas operaciones, y otras muchas destapadas por el nuevo equipo gestor de José Ignacio Goirigolzarri, han sido enviados a la Fiscalía ante posibles prácticas delictivas.
Pérdidas de 1.117 millones
Los peritos judiciales resaltan en el informe que Fernández Norniella, con su descripción de los hechos, pone de manifiesto la "preocupación especial ante la situación de deterioro y el número de sociedades participadas". Un estado que no se advirtió en el momento de la salida a bolsa de la entidad y que supuso, un año después, unas pérdidas por importe de 1.117 millones de euros, derivadas del ajuste del valor de los activos y los compromisos asumidos, tales como garantías aportadas.
Una de las depreciaciones más importantes fue la realizada en la firma Nuevas Actividades Urbanas, que supone el 40 por ciento de las pérdidas por deterioro de activos que se materializaron en la reformulación de las cuentas y que conllevó una rebaja de su valor en un 98 por ciento.
Este y el resto de los ajustes efectuados en las sociedades participadas deberían haberse recogido en las cuentas del ejercicio 2010 y no en las de 2011, señalan los peritos del caso Bankia, que argumentan para ello no sólo la situación en la que se encontraba la filial inmobiliaria, sino la "escasa razonabilidad económica" de las operaciones, que estaban afectando a la solvencia de la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato. BFA-Bankia nació en 2010 con unas ayudas públicas de 4.650 millones.