Banesco planea una toma de control rápida e íntegra en Novagalicia. Su desembarco será desde el Etcheverría, adquirido hace un año, que impondrá al nuevo grupo a su presidente Javier Etcheverría, al consejero delegado, Francisco Botas, la sede en Betanzos (La Coruña) y, puede que hasta la marca, aunque podría seguir la de Novagalicia si el estudio encargado resuelve que su arraigo es notorio en la región.
Los cambios, ejecutables tras fusionar ambas filiales, implican la salida de la ejecutiva de José María Castellanos, al que Feijóo convenció para que gestionase el banco y encontrase inversores dispuestos a comprarlo y preservar su galleguidad. Atrajo a la puja a Guggeheim; y ahora Banesco le ofrecerá un puesto en el consejo. Queda por despejar el futuro del número dos, César González Bueno. Los cambios los detalló ayer el presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, en Galicia, donde defendió la vocación de permanencia, tras reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "El banco es gallego y seguirá siendo gallego por muchos años", dijo, según EFE y EP, tras desvelar que los compromisos asumidos con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) se extendían a, "no menos, de veinte años". Se comprometió a asignar un papel a Vigo y La Coruña, antiguas sedes de Novacaixa y Caixa Galicia.
Banesco formuló la compra a través del Etchevarría, adquirido previamente a Novagalicia. Que tenga sede española protege al gallego de cualquier riesgo de nacionalización en Venezuela, dijo ayer el Frob.
1.003 millones
El grupo dirigido por Escotet se alzó con la entidad tras poner sobre la mesa 1.003 millones -la siguiente oferta no superaba los 500 millones- y renunciar a un esquema de protección de activos (Epa), algo que solo otro postor aceptó. Es la primera adjudicación donde se recupera dinero, pero el quebranto para el Estado excede ya los 8.200 millones -inyectó 8.981 millones en su salvamento- y engordará en otros 200 millones mínimos.
Esa es la pérdida "razonable" estimada por el Frob por darle protección frente a varias contigencias, que de materializarse en su integridad sumarían hasta 800 millones al quebranto. Por otra parte, España asumirá el interés devengado por los 5.425 millones del crédito europeo que recibió Novagalicia, hasta su devolución. La protección consiste en evitar a Banesco el 85% de eventuales costes asociados a claúsulas suelo, pleitos por arbitrajes, el traspaso a la Sareb e indemnizaciones por la ruptura de las alianzas con Aviva y Caser. En el Frob dan por improbables casi todos. Distinto es la situación de Aviva, que reclama 430 millones en arbitraje, aunque el Frob confía en que la factura será inferior a 200 millones. En un proceso similar, Aviva aceptó 608 millones para retirar la demanda en Bankia, aunque pedía 944 millones en arbitraje. Según el Frob, el impacto en el déficit público "no será significativo". En el mercado lo elevan a 400 millones.
El precio comprometido por Banesco ha sorprendido, porque el banco arrastra activos susceptibles de generar 1.000 millones de pérdida esperable. Deberá concluir el ajuste de red y plantilla comprometido con Bruselas, pero podría negociar la restricción que le impide cobrar dividendo durante tres años. Pagará un 40% de inmediato y el 60% hasta 2018. Este último desembolso está pignorado en participaciones y activos de Novagalicia, a ejecutar por el Estado de fallar el abono.
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