
Liberbank, que está en proceso de salida a bolsa para cumplir con el plan de recapitalización aprobado por Bruselas, tendrá que desprenderse en los próximos años de una parte significativa de su cartera industrial, cotizada y no cotizada. Tendrá que vender participaciones por importe de, al menos, 900 millones. Esta cifra es ligeramente inferior a la valoración de estas sociedades a cierre de septiembre del ejercicio pasado, después de haber ajustado a precios de mercado algunas de ellas, como FCC.
El objetivo de la entidad que preside Manuel Menéndez es adelantar lo máximo posible el proceso de desinversiones. Mientras el plan contempla que una mayoría de ventas se produzcan en 2015 y 2016, Liberbank tiene previsto cerrar este proceso a mediados de 2015.
Venta de Iberdrola
En los últimos meses ha acelerado los movimientos y ha superado las estimaciones iniciales. Se ha desprendido de activos que han supuesto unas plusvalías de 285 millones, frente a las previsiones de un máximo de 249 millones. Entre las participaciones más destacadas se encuentran el anunciado 5% de Enagás y el 0,49% que mantenía en Iberdrola, procedente de su filial CCM. El importe de esta última operación se hizo por 188 millones en el cuarto trimestre.
Según la información remitida a la CNMV, por las ventas de empresas cotizadas ha conseguido mejoras de capital de 69 millones; por la desinversión de filiales de seguros, otros 67 millones, y por valores de renta fija, unos 117 millones.
En la actualidad cuenta con un acuerdo para desconsolidar y compartir el 5,1% de EdP, una de sus principales participadas, con el grupo asturiano Masaveu.
Entre las firmas cotizadas en las que está presente se encuentran, entre otras, Indra, Banco Espirito Santo, Sanjose, Ence, Itinere y Capsa. La valoración de su cartera industrial, incluyendo las sociedades sin cotizar, ascendía a septiembre a casi 1.567 millones.
Además cuenta con otros activos para recapitalizarse y cumplir con la hoja de ruta autorizada por Bruselas a cambio de la ayuda de 124 millones y el traspaso de activos al banco malo, como deuda pública por valor de 1.100 millones.