El Gobierno reconoce que aún quedan más de 5.600 millones de euros en títulos de participaciones preferentes en manos de pequeños ahorradores e inversores minoritarios, una cantidad "muy elevada para un producto de estas características". El ministro Luis de Guindos aseguraba hoy mismo que descarta fusionar los bancos nacionalizados.
Así lo señala en una respuesta escrita a UPyD fechada el pasado 18 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que el Ejecutivo explica que pese a que las preferentes son un producto "complejo" su comercialización "se generalizó entre inversores".
"Hoy, el saldo vivo de preferentes en manos de este tipo de inversores asciende a unos 5.620 millones de euros (según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a partir de datos de la gestora de valores Iberclear), muy elevado para un producto de estas características. También el número de preferentistas es muy elevado", añade el Gobierno.
Además, apunta que los titulares de estos títulos sólo tienen dos opciones para recuperar el principal de su inversión: o venderlo en los mercados o aceptar canjes por otros instrumentos de capital. En este contexto, las entidades que no han recibido ayudas públicas pueden asumir una parte de la pérdida del valor del producto, pero las entidades nacionalizadas o rescatadas parcialmente deben cumplir las normativa de competencia de la UE y vincular su participación a su valor de mercado, que actualmente está por debajo del cien por ciento.
Procedimiento de arbitraje
En estas circunstancias, el Gobierno, "consciente de la problemática surgida en relación con la posible mala comercialización entre minoristas de instrumentos complejos", pretende articular un procedimiento de arbitraje para los suscriptores de preferentes de Bankia, siguiendo "criterios de selección y procedimientos similares", a los que ya se han aplicado en Novagalicia Banco y Catalunya Banc.
Previamente, "una asesor privado filtrará los supuestos que evidencian una mala praxis en la comercialización". En el caso de Bankia, por ejemplo, ya se ha contratado este servicio con la consultora KPMG por "los aplicativos informáticos de que dispone para procesos de este tipo, así como por ser la propuesta más económica para el banco".
En los casos que determine que es procedente acudir al arbitraje, KPMG también asistirá a Bankia en el "asesoramiento legal relativo" al procedimiento. Por lo demás, "la figura del árbitro se encuentra en la actualidad pendiente de definición y el procedimiento a seguir en el proceso de arbitraje está aún por determinar", lo mismo que aún no se ha constituido la comisión de seguimiento del proceso, que también deberá definir los criterios para discernir entre casos de estafa y comercializaciones correctas.
Finalmente, el Gobierno recuerda que el arbitraje "no sustituye" a la obligación impuesta por el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate financiero sobre el "reparto de cargas", que exige que los actores públicos y los acreedores privados de las entidades que reciban asistencia financiera (accionistas, titulares de preferentes y tenedores de deuda subordinada) asuman proporcionalmente el coste del rescate.
Control ineficaz sobre las preferentes
