La magistrada Patricia Fernández acepta todos los términos de la ampliación de la demanda original de subcontratistas que no cobraron por las obras que hicieron en las 583 viviendas ubicadas en Sevilla: hay cinco nuevos imputados y declararán el 23 y 24 de octubre junto a dos testigos clave en el caso.
Entre los nuevos imputados sobresale por su relevancia José María Civil Ribot, el socio clave de Dolmen en Cataluña (fue consejero delegado de la sociedad Dolmen Catalunya) y responsable de la expansión de la quebrada promotora de VPO sevillana en esa comunidad. José Manuel Sanz, fundador y expresidente de Dolmen, tenía en Civil Ribot a uno de sus hombres de confianza.
De hecho, Civil Ribot es hoy administrador único de Alfajía Gestión, sociedad comercializadora de viviendas que está trabajando en la venta de las VPO que Dolmen -en concurso de acreedores- tiene terminadas en distintos municipios de Andalucía y en Ceuta.
Junto a él, también han sido imputados Cristóbal Pérez, exadministrador único de Cyr, una de las constructoras del entorno de Dolmen que siguieron adelante con las obras de las VPO promovidas por la fundación FDSE de CEA cuando la propia Dolmen se manifestó insolvente para continuarlas. El tercer imputado es Manuel Hernández, ex director general de Nazarí, la constructora que heredó el grueso de las obras y la gestión de las mismas tras caer de Dolmen y cuya cúpula estaba integrada por exdirectivos de Dolmen. Hernández, de hecho, trabajaba en el departamento de formación de Dolmen.
También ha sido inculpado Julián Escamilla, exadministrador de Dosevi, otra de las empresas constructoras del entramado de sociedades de Dolmen, y su hermano Manuel Escamilla, que ocupó ese mismo cargo antes que Julián.
Junto a ellos, la juez acepta también que declaren como testigo José María Ruiz, el presidente de la asociación de compradores de las VPO afectados por la no terminación de las obras y que no han recuperado los en torno a 7 millones de euros que adelantaron. Muy relevante también será la declaración como testigo del extécnico de Dolmen Juan Manuel Martín Núñez, que abandonó el proyecto de las VPO tras trabajar para Dolmen y luego para otras empresas de su entorno ante las graves irregularidades que detectó, según fuentes cercanas al caso.
Este caso deriva de una denuncia por estafa, ante el impago de unos 600.000 euros a una decena de pymes que participaron en las obras, presentada el pasado año en Sevilla. En total ya hay doce inculpados en el caso, entre ellos el expresidente y exvicepresidente de CEA, Santiago Herrero y Juan Salas, y el aún secretario general, Antonio Carrillo; así como cinco exdirectivos de Dolmen, entre ellos su expresidente, Juan Manuel Sanz, y su exdirector general, Antonio González.
Herrero se vio obligado a dimitir de su cargo de presidente de CEA por este escándalo en diciembre pasado tras su imputación, que incumple el código ético de la CEOE. Patronal de la que también era vicepresidente y cuyo cargo también abandonó a inicios de año.
La fundación de la CEA olvidó reclamar 2 5 millones que prestó a Dolmen
