La Junta de Andalucía ha abierto ocho procedimientos sancionadores a Santander, Popular, BBVA (y su filial inmobiliaria Anida), Caixabank (dos filiales inmobiliarias), Sabadell y la financiera UCI por no inscribir 185 VPO en los registros municipales como dicta la ley de Función Social de la Vivienda.
"Los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social", ha afirmado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en comisión parlamentaria donde ha anunciado estos expedientes. Por su parte, la presidenta Susana Díaz ha asegurado sobre este tema, tras inaugurar un acto empresarial en Sevilla, que la ley "es de obligado cumplimiento como es obvio".
Estos expedientes se suman al abierto a la Sareb en febrero pasado por incumplir tanto esa condición relativa a los registros municipales, como otra que obliga a informar de las VPO a la propia Junta de Andalucía. En total, el denominado 'banco malo' encara sanciones de hasta 109 millones. La consejería ha recibido alegaciones por una de las dos saciones propuestas, que Cortés ha anunciado que no afectan a la tramitación del expediente ya que sigue su curso, y no ha recibido respuesta de Sareb al requerimiento de información sobre el segundo, que también sigue su curso.
Con respecto a los nuevos expedientes sancionadores, las entidades financieras expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27), Building Center (filial que aglutina las daciones en pago de Caixabank, con 26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (inmobiliaria de Caixabank, con 6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (filial del BBVA, con otras 2).
En total, se trata de 185 viviendas protegidas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción "muy grave". La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda.
La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes.
Críticas a la Sareb
La Sareb ha presentado alegaciones en este expediente, ha señalado Cortés. La Consejería de Fomento y Vivienda considera que las mismas no desvirtúan los hechos que dieron lugar a la apertura de los expedientes, y por lo tanto estos continúan su curso, ha señalado Cortés.
Cortés ha destacado que la presidenta de la Sareb, Belén Romana, sí ha hecho manifestaciones públicas, concretamente en sede parlamentaria, sobre este procedimiento, en el sentido de que la entidad ha solicitado información a los registradores de la propiedad para saber cuántas viviendas protegidas tienen en sus balances.
La consejera ha señalado que ello en la práctica equivale a "decir que desconoce cuántas viviendas protegidas tiene la Sareb, y ello a pesar de que un informe de la propia Sareb incorporado al recurso del Gobierno contra la Ley antidesahucios aseguraba que contaba con 911 casas protegidas en Andalucía".
"O los datos en el informe eran falsos o son falsos los argumentos que exponen ahora. O ambas cosas", ha dicho Cortés, que ha recordado que no ofrecer un inmueble protegido al registro de demandantes constituye una infracción muy grave, como también lo es ocultar dichos pisos a la administración competente por Ley de velar por su función social.
Otras sanciones
Las sanciones a la banca derivadas de la aprobación de la Ley de la Vivienda se suman a las impuestas a entidades financieras por su gestión de la venta de participaciones preferentes en los últimos años. Este tema, que depende de la consejería que ocupa el vicepresidente Diego Valderas (también de IU como Elena Cortés), ha derivado en que Caixabank reciba dos multas que suman 1,2 millones por las preferentes que comercializó Cajasol (que fue absorbida por la entidad catalana). Telefónica también ha recibido otra multa del departamento de Valderas de 920.000 euros por determinadas prácticas de información y atención a usuarios.
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