El empresario José Luís Sánchez Domínguez, imputado en el caso Dársenas, no sabe nada sobre las presuntas irregularidades denunciadas en las obras millonarias realizadas en el Puerto de Málaga. Tampoco sabe nada el presidente del recinto portuario, Paulino Plata, que, como el ex presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, se entera de las cosas por los medios de comunicación. No es de extrañar por tanto que siga aumentando el descrédito de la clase política.
Los trabajadores, en huelga desde hace más de 145 días, quieren que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, cumpla su promesa de luchar contra la corrupción. ¿Combatirá la corruptela o ya se ha olvidado de su discurso?
Por las irregularidades en el Puerto de Málaga están imputadas cinco personas: dos ex trabajadores, entre ellos el ingeniero jefe del recinto portuario; dos representantes de Sando, y uno de Dragados. La pasada semana declaró el presidente de la constructora malagueña, José Luís Sánchez Domínguez, quien aseguró al juez que no sabía nada sobre las obras que llevaba a cabo su empresa en el Puerto. La constructora ya había negado cualquier irregularidad en las obras y mostrado su colaboración con el Juzgado de Instrucción número 5, que investiga un posible agujero de más de cinco millones de euros en el recinto portuario.
La juez ha fijado a los tres trabajadores que solicitaron su personación como acusación popular, entre ellos Juan Antonio Triviño, dirigente de UGT, una fianza de 20.000 euros. Los trabajadores no disponen de esta cantidad, y han abierto una cuenta bancaria para que los ciudadanos y organizaciones colaboren económicamente. La jueza debería rebajar la fianza y alargar el plazo para su pago, como ha solicitado el abogado José Cosín.
La Justicia debe ser igual para todos, pero tiende a derrapar cuanto más se acerca al poder. Así lo cree el juez malagueño Javier Gómez Bermúdez. Yo también lo pienso.
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