La presidenta de la Junta de Andalucía pide al Gobierno central que piense en la sociedad catalana y no en la Generalitat para articular su respuesta al desafío soberanista. Cuestiona a Zapatero y asume la culpa del PSOE sobre Cataluña.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presentado su ideario político en Madrid un mes después de tomar posesión de su cargo, en el que relevó a José Antonio Griñán. En su intervención en el Forum Europa, la dirigente socialista con más poder real en España reiteró su apuesta firme por la transparencia en su acción de Gobierno, al tiempo que incidió también en su visión del desafío soberanista catalán.
Respecto a este último aspecto, Díaz fue contundente al preguntarse: "¿Derecho a decidir qué? ¿La independencia de Cataluña? Ese derecho no existe en ninguna Constitución del mundo". Lanzaba así un mensaje contundente también a su compañero de partido, el secretario general de los socialistas catalanes, Pere Navarro, que se no se ha mostrado contrario a ese derecho de forma contundente, como sí ha hecho con la posible independencia de cataluña, a la que se opone claramente.
El Gobierno central, recomendó Díaz, debe de tener en cuenta a la hora de encarar este desafío soberanista del Ejecutivo catalán no tanto a la propia Generalitat, sino "a la sociedad catalana". "Pensar que la solución es volver al centralismo es una ensoñación igual que el independentismo", concluyó de forma contundente.
También tuvo espacio para la autocrítica respecto a la actitud del anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de sus referentes políticos. "Sinceramente, creo que no se acertó cuando se proclamó que se aceptaría cualquier estatuto que viniera de Cataluña", como prometió Zapatero.
Precisamente al hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quien se reunirá el próximo día 10 en La Moncloa, quiere proponerle un pacto nacional por la "regenración política". avanzó. El objetivo último es que la corrupción "deje de ser un problema para nuestro país".
Transparencia
Sobre los ejes de su acción de Gobierno para los dos años y medio que restan de legislatura en la comunidad, la presidenta defendió el recientemente presentado anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor de Andalucía que prevé, entre otros aspectos, multar a los bancos que incluyan cláusulas abusivas en sus préstamos hipotecarios con hasta 600.000 euros.
Y, como medidas concretas para avanzar en el objetivo de la transparencia, apostó por reforzar la Cámara de Cuentas, por prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos y por entregar el IRPF de los altos cargos públicos y sus parejas. Esto último es lo que ella mismo, su pareja, y todos los consejeros de la Junta y sus cónyuges han hecho esta misma semana en el Parlamento de Andalucía.
También recordó que pretende que la Cámara controle las ayudas públicas que reciben sindicatos, organizaciones civiles y otro tipo de entidade. Desde hace un mes y medio se viene conociendo la posible desviación de fondos públicos por parte de UGT Andalucía, que ayer se decidió que sea investigada por la juez Mercedes Alaya al haberse encontrado conexiones con el escándalo de los ERE.
También se pronunció en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones, que el Gobierno central considera en riesgo si no se aprueba la reforma que ha enviado al Congreso. "La Seguridad Social tiene un problema coyuntural de ingresos, pero un problema estructural de gasto". Por ello, apostó por impulsar un "pacto intergeneracional en torno a la natalidad, dependencia y esperanza de vida" que sustente la estrategia futura sobre las pensiones públicas.
"Si el Fondo de Reserva aún contará con 56.000 millones a final de año, ¿es razonable reducir los ingresos de los pensionistas y quitarles 33.000 millones en los próximos ocho años. En mi opinión es una barbaridad y una crueldad".
Medidas económicas
En relación con la estrategia económica de la Junta, Díaz desgranó los compromisos expresados en su discurso de investidura: reducción de trámites administrativos, enfoque de la administración como aliada del empresario que invierte, innova e internacionaliza. Y acuerdo con los agentes económicos y sociales para redefinir el modelo productivo andaluz y superar las "inasumibles cifras de paro", cuya tasa en Andalucía roza el 36 por ciento.
Se opuso, en paralelo, de forma radical a las medidas del Gobierno que, a su juicio, atentan contra la cohesión social. "Nos resistimos a hacer barbaridades como cobrar los medicamentos a enfermos crónicos de cáncer o esclerosis múltiple". También cree que los Presupuestos del Estado para 2014 difícilmente serán los de la recuperación con menos empleo previsto, congelación de salarios de funcionarios o restricciones de crédito, resumió.
Entidades
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