
Medio Ambiente envía nuevas condiciones a la minera al margen de Economía, que supuestamente lideraba la gestión del expediente administrativo del proyecto desde 2010.
Nueva vuelta de tuerca en el rocambolesco y dilatado proceso administrativo para la reapertura de la mina de Riotinto, que la compañía chipriota Emed lleva intentando desde 2007. Tras la entrega del tercer proyecto de reapertura a la Consejería de Economía en septiembre pasado, y pese a que desde febrero de 2010 este departamento y el de Medio Ambiente del Gobierno regional están coordinados para la gestión de este proceso y es Economía quien lidera su tramitación, Medio Ambiente ha enviado de forma sorpresiva e independiente nuevas exigencias medioambientales a Emed.
Economía desconocía la gestión realizada por Medio Ambiente a finales de noviembre, en una nueva muestra de descoordinación entre departamentos dentro del Gobierno andaluz, según fuentes conocedoras del proceso. Emed, sin embargo, ha preferido enfocar estas nuevas exigencias medioambientales como un reconocimiento a su capacidad para gestionar los retos ecológicos de todo el terreno que ocupan las minas -incluidos los dos tercios de los terrenos sobre los que asientan las balsas mineras que no son de su propiedad-.
La mayoría de las nuevas exigencias, recogidas bajo la petición general de que Emed debe de proveer un plan medioambiental integral para todas las instalaciones de la mina, se refieren precisamente a la gestión de esas balsas. La minera ha logrado desde 2007 hasta ahora, tras recibir el visto bueno de la Junta, un acceso limitado a los terrenos que no posee para examinar el estado de conservación de esos depósitos que almacenan residuos procedentes de la actividad de la explotación hasta su paralización en 2001. Emed, como explicó a este diario en julio el exvicepresidente de su filial española Fernando Fernández, pretende adquirir esos dos tercios de los terrenos a sus propietarios (la sociedad Rumbo 5.0, gestionada por el empresario Severiano López, ligado al PSOE andaluz) una vez que la Junta haya firmado la cesión administrativa de los derechos mineros a la empresa. Emed ya los posee desde el punto de vista económico tras hacerse con la mayoría de activos de la mina en 2008, pero no puede explotar el yacimiento hasta que el Ejecutivo regional no cumplimente ese trámite administrativo.
Como consecuencia de estas nuevas condiciones, fuentes de la minera han explicado a elEconomista que no prevén ya que esa entrega de los derechos mineros se produzca antes de final de año, ya que la aprobación de todos los departamentos de la Junta implicados en el proceso de reapertura es necesaria para ello. La gestión de estas nuevas condiciones ambientales retrasará así esa concesión a 2012, cuando se cumplirá el quinto año de tramitación de este proyecto.
Potencial
En paralelo, Emed sigue explorando y trabajando para identificar más exactamente el potencial minero de Riotinto, donde se lleva extrayendo cobre más de 5.000 años. Junto al ya anunciado aumento de la vida útil del yacimiento de Cerro Colorado hasta los 14 años -que llegarían a 23 si los recursos identificados se transforman en reservas probadas-, la compañía estudia dos vías para exprimir al máximo estos activos, aupada sobre un precio del cobre que desde junio de 2006 ha rondado cotas nunca vistas antes en torno a los 7.000 dólares por tonelada y que alcanzó su pico histórico en febrero pasado: 10.000.
La primera es la de la extensión de Cerro Colorado ampliando la producción en las zonas Filón Sur y Argamasilla, así como la vida útil de la mina profundizando en su explotación hacia el norte y el sur de la misma.
En segundo lugar, Emed tiene identificado el yacimiento de San Dionisio como la mejor opción para abrir una segunda mina en el complejo de Riotinto, aunque para ello hace falta un trabajo de sondeos previos para confirmar su potencial. Con ello, se haría honor a la denominación de Minas (en plural) de Riotinto, que es el nombre del municipio sobre el que se asienta la explotación en Huelva.
Los planes de Emed son invertir alrededor de 80 millones de euros en la adecuación de los activos una vez reciba los derechos mineros. Hasta el momento ha gastado 45 millones en todo el proceso y desembolsa un millón más al mes para mantener la actividad.