La Audiencia abre la investigación sobre una decena de exdirectivos de CatalunyaCaixa
Las causas contra la antigua cúpula de CatalunyaCaixa comienzan a amontonarse. Así, si ya el pasado mes de octubre, la Audiencia de Barcelona confirmaba que juzgaría a Narcís Serra y Adolf Todó, expresidente y ex director general de la entidad, respectivamente, además de un numeroso grupo de directivos de CatalunyaCaixa, por aplicarse unos sueldos desproporcionados en un momento crítico para la entidad, ayer la Audiencia Nacional admitió a trámite otra querella.
En esta ocasión, la Fiscalía, tras una investigación llevada a cabo por el Frob, acusa a Serra, Tordó y al menos a una decena de directivos de CatalunyaCaixa de administración desleal por una serie de operaciones inmobiliarias, que, presuntamente, habrían provocado fuertes pérdidas a la entidad.
Concretamente, el Ministerio Público denuncia un agujero de 720 millones de euros en estas operaciones, realizadas entre los años 2000 y 2007.
Las irregularidades las detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), y el texto constata que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal. "En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de la solvencia y capacidad de los asociados", destaca la denuncia.
Sin tasaciones externas
En la mayoría de los contratos no se estableció cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones.
En cuanto a la actuación del que fuera exministro de Defensa, Narcís Serra, la denuncia especifica que se ha detectado "una total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración para aprobar cualquier propuesta.
Por ello, la Fiscalía concluye que se daba en la entidad una total ausencia de control en la toma de decisiones, que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho".
Con este criterio el banco realizó inversiones en lugares como Cracovia, para la construcción de más de 2.000 viviendas, Valdemoro (Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Chiclana (Cádiz).
