Las mentiras del pacto de reconstrucción

Carlomagno expandió los reinos francos hasta convertirlos en un Imperio, al que incorporó gran parte de Europa Occidental y Oriental. Logró someter a los sajones, y tras convertirlos al cristianismo creó el Sacro Imperio Romano Germánico. Combatió a los musulmanes para proteger sus propiedades en la Península Ibérica. Conquistó Italia, y fue reconocido hacia el año 800 como Emperador Augusto por parte del Papa León II.

Por medio de sus conquistas y de sus reformas internas, Carlomagno sentó las bases durante la Edad Media de lo que hoy es Europa. Los alemanes y los franceses lo consideran como el fundador de sus monarquías. Su gesta rememora el pacto histórico de esta semana para la reconstrucción de la UE.

Enfrente del poderío franco-alemán, heredero de los valores carolingios, se sentaba el modesto primer ministro holandés, Mark Rutte, un hombre de 53 años, que vive solo en un modesto apartamento, va en bicicleta a su oficina en La Haya y en el tiempo libre que le deja dirigir su país, enseña estudios sociales en una escuela local.

Rutte es el representante de una banda de escépticos calvinistas, (compuesta por Suecia, Dinamarca, Austria y los Países Bajos) conocida como los cuatro frugales, que históricamente desconfíaron del uso de la deuda común para rescatar al Sur.

La letra pequeña esconde reformas imperativas y un fondo escaso para afrontar las deudas

Durante la gran crisis de 2008, la resistencia a mutualizar los débitos estuvo a punto de provocar el derrumbe del entero edificio europeo y de su moneda común. La tensión sólo se disipó cuando el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, se mostró dispuesto a "hacer lo que haga falta" para preservar el euro.

En esta ocasión nos salvó el acuerdo franco-alemán sobre la dirección de la política europea. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, no se quedó sola en defensa de medidas fiscales que acompañen a las inyecciones monetarias del banco central.

El consenso que en 2008 costó años, ahora se logró en unos meses. "Quiero que todos midan la distancia recorrida en poco tiempo" (...), dijo Enmanuel Macron a los periodistas franceses al término de la cumbre, "En meses pudimos llegar a un acuerdo" (...) "¿Es un momento perfecto? No, pero cambiamos algunas cosas fundamentales".

Esta vez, Merkel no desempeñó el papel de severo agente disciplinario y apoyó el papel solidario con sus vecinos del Sur porque son clientes y porque si las cosas van mal en Italia y España, las tercer y la cuarta economías del euro, Europa se volverá a incendiar.

La concepción de Merkel y de Rutte sobre el uso de la deuda es básicamente la misma. La diferencia está en que Rutte tiene que soportar la presión de sus socios políticos, más a la derecha que él en este aspecto y se enfrenta a elecciones en marzo, que le impiden usar las medias tintas. Merkel, por contra, no se presenta a la reelección. Puede gastar su capital político en apoyar la continuidad del proyecto europeo con un adecuado mecanismos de supervisión.

Si las cosas van mal en Italia y España Europa se volvería a incendiar

La batalla se presentaba desigual entre los heredero del Imperio Carolingio, el eje franco alemán, y los cuatro frugales. El objetivo fue encontrar una fórmula de compromiso que permitiera salvar la cara al primer ministro holandés frente a sus electores, a la par que se abría una nueva etapa después de las lecciones aprendidas en la crisis del euro, que muchos líderes europeos no dudaron en calificar de "histórica".

Los principales escollos para convencer a los frugales estuvieron en la cantidad de dinero que se donaría a los países más afectados por la pandemia, como Italia y España y, sobre todo, en los controles para que esos recursos se utilicen de manera correcta.

La primera concesión se produjo en las transferencias, el dinero a fondo perdido, que se redujo el 22%, de 500.000 a 390.000 millones. Además, se compensó a los cuatro países más reticentes con un cheque de descuento, que permite rebajar su contribución final.

El meollo estuvo en sustituir el derecho de veto, que pedía Rutte, por una especie de freno de emergencia. Una fórmula complicada, como todos los acuerdos en la UE.

Los planes de recuperación y resiliencia de los países miembros deberán ser aprobadas por mayoría cualificada en el Consejo Europeo y luego por consenso en el Comité Económico y Financiero. Los requisitos que deben cumplir son que contribuyan a la creación de empleo y al progreso económico y social del país, así como a la transición hacia la digitalización y la economía verde.

El problema viene cuando un miembro hace uso del citado freno de emergencia porque considera que cualquiera de estos planes experimenta "serias desviaciones" sobre los compromisos adquiridos. En este caso, en un plazo máximo de tres meses, el programa en cuestión será sometido a una "discusión exhaustiva" por parte del presidente del Consejo Europeo para que después la Comisión tome una decisión.

En este punto se plantea una cuestión fundamental; en qué condiciones la Comisión puede paralizar o llegar a rescindir los desembolsos a un país miembro. El Consejo Europeo acordó que uno de los criterios para acceder a las ayudas es cumplir "las recomendaciones específicas" que este organismo realiza cada seis meses. Pero no está claro si se trata de un requisito imperativo o de una simple recomendación, por lo que habrá que esperar al desarrollo de un reglamento.

En el último semestre de 2019, se solicitaron a España dos cuestiones, básicamente: "preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones" y "favorecer la transición hacia los contratos indefinidos", junto a otras como la creación de un mercado único en material laboral o resolver las diferencias regionales sobre renta mínima.

De acuerdo con estas recomendaciones cualquier paso atrás en la reforma laboral o en la sostenibilidad de las pensiones pondría en riesgo los fondos europeos. Por ello, para muchos expertos europeos, el plan de reformas que debe presentar España en octubre deberá incidir en estos aspectos para asegurarse los fondos. En este sentido, la coalición de Gobierno podría tener serias discrepancias, ya que se comprometió a subir las pensiones con la inflación o a modificar o incluso derogar la reforma laboral.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, apagó la euforia de Sánchez e Iglesias, quien llegó a escribir unas tres decenas de tuits para elogiar el pacto. Cos recordó que, según la Comisión Europea, España va a necesitar recursos equivalentes al 25% de su PIB anual, alrededor de 300.000 millones, hasta 2026 para financiar sus deudas , frente a los 140.000 millones (la mitad a fondo perdido) que recibirá de la UE, equivalentes sólo al dos% de su PIB anual.

Las cuentas claras, los 72.700 millones se tendrán que gastar de aquí a 2023, lo que equivale a alrededor de 25.000 millones anuales. ¿Cómo se obtendrán los 275.000 millones restantes para financiar los innumerables desequilibrios de la economía española?, ¿Con ajustes del gasto? El Gobierno debería ir pensando en elaborar un Presupuesto de austeridad, teniendo en cuenta que en 2022 Europa anulará la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y volveremos a la austeridad presupuestaria.

Es evidente que nos van a freír a impuestos. El documento comunitario habla de un incremento de los tributos verdes, que van desde la descarbonización a los plásticos, así como las transacciones financieras o la denominada tasa Google.

Instituciones como la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recomiendan abiertamente eliminar incentivos fiscales como la declaración conjunta de los matrimonios en el IRPF o las deducciones a los planes de pensiones, así como el incremento del IVA reducido del 10% que pagan sectores tan castigados como hostelería, restauración, transportes o librerías y Prensa.

Un golpe a la recuperación económica de efectos incalculables. El plan de Movilidad, presentado por el ministro José Luis Ábalos, se refiere sin ambages a una modificación de la fiscalidad para favorecer la transformación ecológica, lo que reabre el debate del impuestazo al diésel en un momento delicado para el transporte, mientras que la AIReF recomienda equiparar los gravámenes del diesel y las gasolinas, para elevar la recaudación anual en unos 2.300 millones.

Pero aún hay más. España se convertirá en un contribuyente neto de la UE tras la salida del Reino Unido, lo que nos obligará a aportar a alrededor de 7.000 millones anuales. El acuerdo comporta, además, una reducción de Presupuesto 2021-2027, que en términos sólo de la Política Agrícola Común (PAC) podría traducirse en una merma de casi 6.000 millones. Como se ve, no es oro todo lo que reluce, como quieren hacernos creer desde Moncloa. El dinero del fondo de reconstrucción no va a salvarnos del rescate, si no se adoptan medidas rigurosas. No hay mucho que celebrar.

Los líderes de la UE estaban exultantes tras anunciar el pacto. Algunos califican el momento de hamiltoniano, en referencia al secretario del Tesoro americano Alexander Hamilton, que en 1790 diseñó un sistema de préstamos que transformó las 13 antiguas colonias en la actual confederación de Estados Unidos. "Hoy hemos dado un paso histórico, del que todos podemos sentirnos orgullosos", declaró la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen. "Hemos demostrado que la magia del proyecto europeo funciona", remató el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Sin embargo, el pacto aún debe pasar por la criba de un Parlamento Europeo, repleto de políticos excéntricos, que han empezado a ponerle pegas. Después debe ser ratificado por los congresos de los 27 estados miembros, junto a una serie de requisitos técnicos, que pueden retrasar su entrada en funcionamiento o añadir condiciones. Es aún muy pronto para cantar victoria. A pesar de las mentiras que nos han contado, existen muchas dudas por resolver, que ensombrecen el final feliz.