El excedente de vivienda nueva sin vender en España ronda los 680.000 inmuebles, una cifra difícil de reducir con al actual crisis económica y con el grifo del crédito cerrado. Sin embargo, el Ministerio de Fomento aún cree que entre 150.000 y 300.000 de estos inmuebles podrían tener salida en forma de alojamientos vacacionales.
Así lo indica el Departamento que dirige Ana Pastor en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) 2012-2024, en el que concreta que esta parte del stock, que en gran medida se localiza en el arco mediterráneo y en los archipiélagos, tiene "potencialidad turística".
En este contexto, Fomento señala que "la demanda por parte de los extranjeros es crítica para el saneamiento y recuperación del sector", que apenas ha logrado reducir el stock de viviendas sin vender en 8.000 desde que alcanzara niveles máximos en 2009. Además, las cifras que incorpora Fomento al PITVI indican que de las 20.000 transacciones de viviendas por parte de extranjeros registradas en 2006 se ha pasado a unas 3.000 en 2011.
Por eso, se va aponer en marcha un plan de promoción que centralizará el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) que contempla la participación en ferias especializadas y actividades comerciales en otros países, principalmente Reino Unido, Alemania y Rusia.
El planteamiento general es desarrollar un conjunto de actuaciones de carácter comercial, divulgativo y business to business que atraigan el interés de potenciales inversores extranjeros y dar a conocer la oferta inmobiliaria española, particularmente la de vivienda terminada, pero sin descartar otras ofertas.
Mejorar la imagen
En este punto, Fomento señala que "la mejora del marco de seguridad jurídica y el marco fiscal son elementos importantes para la recuperación de esta demanda" y apuesta por potenciar la imagen de marca España "para que aumente el valor del stock de viviendas fuera de nuestras fronteras".
En esta dirección, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, que resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988.
El Ejecutivo calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988, y que sólo en 2018 expirarán alrededor de 2.000 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición. Con este proyecto de Ley, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" y aportar confianza a los inversores extranjeros.
"Los chinos y los rusos ayudarán a acabar el stock"