Los empresarios del sector turístico denuncian el "crecimiento descontrolado" de la oferta de alojamiento ilegal en España, que, según sus estimaciones, ronda 1,7 millones de plazas a nivel nacional, de las que alrededor de 170.000 su ubicarían en la Comunitat Valenciana, un 74,8% más que hace dos años -frente al crecimiento del 1,6% en la oferta reglada en el mismo periodo-. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha reiterado su total compromiso para combatir el intrusismo y la competencia desleal en el sector, con medidas que incluyen desde la sensibilización para fomentar la regularización por propietarios a una mayor actividad inspectora y sancionadora -con multas más elevadas- o el análisis de la puesta en marcha de una plataforma online de denuncia ciudadana anónima, similar a la lanzada en Barcelona. "Centralizar la información y el conocimiento nos permitiría ser más eficaces", indicó.
La Agència Valenciana del Turisme ha puesto en marcha la 'Campaña frente al intrusismo', con implicación de las empresas del sector y las administraciones implicadas. "Es una constante preocupación de nuestro sector, por lo que necesitamos una estrategia global para combatirlo. Debemos hacer mucha pedagogía y establecer alianzas para conseguir que las leyes se cumplan, ya que evitar la impunidad es una obsesión que debe motivarnos al conjunto de las administraciones, incluida la central", apuntó.
Colomer detalló que se "ha trasladado a la Administración Central, en concreto a la Secretaria de Estado de Turismo, la necesidad de que armonicen las legislaciones de las autonomías y a que adopten un tono y un posicionamiento mas contunde para luchar contra el intrusismo. No podemos hacerlo solos, es un tema global que debe de alertarnos a todos", ha añadido.
Además, ha calificado como "una buena noticia" la nueva reunión bilateral con la Agencia Tributaria, que ha mostrado su voluntad de mejorar la normativa sobre alojamiento turístico.
"En algunos destinos, la oferta de plazas ilegales es ya similar a la de registradas, lo que favorece situaciones como la saturación de destinos, la precariedad laboral y la pérdida de calidad y mala imagena, al tiempo que esa competencia desleal arrastra la rentabilidad de los alojamientos reglados. En algunos casos, se está generando 'turismofobia'. Si no actuamos de forma enérgica contra esa oferta ilegal, a medio y largo plazo nos encontraremos en esa situación", subrayó Luis Martí, copresidente de la Confederación de Empresarios Turísticos (CET) de la Comunitat Valenciana.
La Confederación detalla que, en el caso de la Comunitat Valenciana, la proliferación de apartamentos ilegales afecta, sobre todo, a las ciudades de Valencia y Alicante, y pide, tanto al Gobierno central como al autonómico y a los municipales, medidas urgentes y eficaces, con más recursos para poder actuar con firmeza.
30.000 plazas regularizadas
En esta línea, Colomer ha explicado que la Comisión de Intrusismo "está trabajando en la firma de unos protocolos de actuación con los ayuntamientos para involucrar a la policía local en este camino de lucha contra el intrusismo. Queremos que el espacio municipal se implique más contra el fraude y el intrusismo". El objetivo es facultar a los ayuntamientos para que puedan ayudar en la inspección. El Ayuntamiento de Valencia ha reclamado ya la transferencia de competencias inspectoras y sancionadoras.
El presidente de la Agencia Valenciana del Turisme ha declarado que "todas las actuaciones que estamos llevando a cabo para combatir esta problemática han permitido de manera notoria aflorar la oferta de la Comunitat Valenciana no declarada y fomentar la inscripción en el registro oficial de viviendas turísticas de la Generalitat".
En 2016, fueron cerca de 12.000 nuevas viviendas turísticas de las tres provincias las que se dieron de alta en el registro, 6.400 más que las registradas en 2015 (6.493), cuadruplicando las de 2014 (3.799). En los últimos cuatro años, ascienden hasta 30.109 las altas de viviendas turísticas realizadas en la Comunitat Valenciana.
Cien expedientes sancionadores
Colomer ha anunciado que, tras un "proceso de diálogo y colaboración", se ha producido la regularización voluntaria de la oferta por parte de cuatro plataformas de Internet que comercializan viviendas turísticas. Se trata de Booking, Muchosol, Only-apartments y Fotoalquiler, que ya cumplen con la obligación de publicitar el número de inscripción de las viviendas turísticas en sus páginas web. Al resto de plataformas que no han querido regularizar su situación - Airbnb, Homeaway, Milanuncios, Niumba, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat-, "se les ha abierto expedientes sancionadores hasta las últimas consecuencias".
Colomer declinó facilitar detalles de los expedientes, cuya apertura se anunció el pasado mes de marzo, por esta aún en fase de tramitación y alegaciones.
Del mismo modo, ha señalado que, desde 2016, se ha abierto cerca de un centenar de expedientes de este tipo gracias a la labor constante que hacen los inspectores en todo el territorio.
El anteproyecto de Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana ha actualizado el importe de las multas por incumplimiento, pasando de 30.000 a 600.000 euros la máxima sanción. En concreto, el baremo oscila hasta 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 100.000 euros para las graves y de 100.001 a 600.000 euros para las muy graves.
Para el secretario autonómico "no es tanto imponer sanciones sino también se deben premiar las buenas prácticas". En este sentido ha anunciado que en "nuestra creatividad vamos a incorporar elementos gráficos y de marketing que recuerden el valor que tiene para el turista una experiencia gratificante".
Asimismo, Colomer señaló que se ha creado "el Aula de Turismo, junto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que permite divulgar la necesidad de combatir el intrusismo a través de diferentes jornadas en municipios y poner en valor así a los profesionales que se dedican a comercializar legalmente la oferta turística".
