El fundador y presidente de Grupo Marjal y presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), Francisco Gómez, asumió, en marzo de 2016, la presidencia de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa), ante la dimisión de su antecesor, Moisés Jiménez, en plena crisis financiera y reputacional de la organización. Gómez ha liderado el proyecto de viabilidad de la patronal alicantina, que logró superar el concurso de acreedores, y defiende el papel de la organización como principal representante y portavoz del empresariado alicantino. (Puede leer la entrevista completa y otras noticias, reportajes y análisis en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
Cinco meses tras el concurso, ¿en qué situación se encuentra Coepa?
Tenemos un plan de viabilidad, respaldado por el administrador concursal y el juez, y estamos avanzando en esa dirección. Los gastos son muy reducidos y las cuotas de los asociados se dirigen, fundamentalmente, al pago de la deuda privilegiada de la organización -con trabajadores, Fogasa y pagos a pequeños proveedores-. La quita del 95 por ciento se aplicó a la deuda con Cierval y el resto de proveedores.
La Generalitat ha anunciado su intención de reclamar a las patronales provinciales la parte que les corresponde de las subvenciones que reclamaba a la extinta patronal autonómica, Cierval -unos 230.000 euros, en el caso de Coepa-. ¿Está en condiciones de afrontar el pago?
Nosotros entendemos que en la quita pactada con los acreedores, entre ellos Cierval, están incluidas esas cantidades que plantea la Generalitat, que, tal y como se recoge en el convenio de acreedores aprobado por el juez del proceso concursal, Cierval aceptó condonar. Vamos a defender esta postura y, si Hacienda formula la reclamación, impugnaremos. En caso de que se impusiese el criterio de la Generalitat, se trataría de deuda subrogada, que se situaría en último lugar en orden de pago, lo que podría suponer ocho o nueve años de plazo para abonarla. Confiamos en no llegar a ese punto.
El convenio contemplaba la dación del edificio del Centro de Oficios al Instituto Valenciano de Finanzas, como pago de las cantidades adeudadas a esta entidad -crédito de tres millones, más los intereses-. ¿Cuándo se formalizará este traspaso?
Hace unas semanas tuvimos una reunión con el conseller de Economía, Rafa Climent, el director general del Servef -Servicio Valenciano de Empleo y Formación-, Enric Nomdedéu, y otros miembros de la Conselleria. Se dieron cuenta del potencial del edificio, que no conocían, y dijeron que iban a proceder para que se lo quedara el Servef y ponerlo en marcha enseguida. La siniestralidad está creciendo, sobre todo por la reactivación del sector constructor, y se puede dar formación en el simulador de riesgos laborales. Sindicatos y patronales están preocupados y la Administración no hace nada. El juez no definió ningún plazo, así que esperamos que pronto haya un acuerdo entre el IVF y el Servef para que podamos ejecutar la dación en pago del edificio, que está tasado en 4,43 millones de euros.
¿Ha influido el concurso de acreedores en la base de socios de Coepa?
Una vez superado el concurso de acreedores, estamos logrando nuevas adscripciones. Una de las más relevantes ha sido la de Unión Profesional de Alicante (UPA), que reúne a 35 colegios profesionales y unos 40.000 colegiados, pero también se han incorporado varias asociaciones de empresarios y la de campings. No hemos tenido bajas importantes, pero no me extrañaría que la presión que está ejerciendo la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) -tras su transformación de patronal provincial en autonómica- sobre cada uno de nuestros asociados, con una política nada ortodoxa, provoque alguna salida.
¿Existe posibilidad de entendimiento con la CEV para que Coepa se incorpore al proyecto de patronal autonómica que lidera la valenciana?
Cuando queríamos refundar Cierval, había un proyecto en el que coindíamos todas las organizaciones provinciales, pero, una vez presentado el concurso de acreedores de Cierval, Salvador Navarro ha dado un giro de 180 grados hacia otros derroteros. No ha contado con nosotros para nada. Ni siquiera conocemos su proyecto, porque no ha venido aún a explicar a la junta directiva qué se pretende, para qué y cómo. No queremos explicaciones cruzadas, en actos o formatos ajenos o en la prensa. Finalmente, hemos podido concertar una reunión con él el 2 de mayo. Esperamos poder coincidir y llegar a acuerdos para estar todos juntos en una nueva confederación autonómica, porque todos queremos una voz que interactúe con las Administraciones y tener un presidente autonómico, que puede ser Navarro, no tenemos problemas con eso. Pero Coepa quiere estar en ese proyecto con personalidad jurídica propia, como siempre hemos estado; respetando la doble adscripción de los asociados, de modo que se evite un clima de competencia por la captación de socios, y garantizando el suficiente peso para actuar como representante de los empresarios de la provincia de Alicante en los órganos de dirección de la patronal; que Coepa se incorpore como el Consejo Empresarial Provincial de Alicante. La situación de impasse y de bloqueo no beneficia a nadie, pero exigimos unos mínimos que podemos encajar en el proyecto, que no sea tan opuesto al que teníamos y que nos permita seguir cumpliendo con el plan de viabilidad aprobado por el juez. Nos da igual el nombre y si la organización autonómica se construye o no sobre la CEV, siempre que haya una modificación estatutaria en la que impere el sentido común y que se defina un modelo autosuficiente e independiente, política y económicamente. Si el modelo de la CEOE se basa en confederaciones provinciales, ¿por qué tienen que desaparecer en el sistema de la Comunitat? Una patronal autonómica sin la provincia de Alicante sería un fracaso. Intentaremos analizar los puntos de encuentro y lograr un entendimiento.
El auto del juez que decreta la extinción de Cierval es muy crítico con Coepa y la patronal de Castellón, la CEC, a las que, en su momento, se responsabilizó de romper el pacto para salvar a Cierval de la quiebra...
Había que buscar culpables y se culpó a Coepa, pero no es verdad. Coepa nunca ha incumplido ninguno de los acuerdos para la reestructuración del modelo de organización empresarial, totalmente necesario. El acuerdo incluía una modificación de los estatutos y, cuando estábamos trabajando en ello, vimos que no se definía lo que iba a pasar con las organizaciones provinciales. Modificamos algunas cosas, que el presidente de Cierval, José Vicente González, también modificó en la misma línea en que lo habíamos hecho nosotros. Pero nos dimos cuenta de que la situación económica y de endeudamiento de Cierval era peor de lo que esperábamos y planteamos que tenía que buscarse una solución conjuntamente con la reforma de estatutos, ya que abocaba a la suspensión de pagos. La CEV fue la que decidió no proseguir con la negociación, y hasta hoy.
¿El hecho de que CEV se configure como patronal autonómica implica que Coepa no tendrá acceso a fondos de participación institucional?
Vamos a reclamar a la Generalitat lo que nos corresponde de la participación institucional. Ejercemos la representación institucional en un centenar de instituciones -ayuntamientos, puertos, hospitales, universidades...- como patronal provincial y tenemos gastos derivados del cumplimiento de esa norma. Pero la Administración se pone de canto y aún no hemos recibido respuesta. Me consta que están volcados con el proyecto de confederación de la CEV. Esperamos que se nos abone el importe que nos corresponde y que no se lo quede todo la autoproclamada organización autonómica.
En este proceso de revisión del sistema de organización empresarial, los grandes sectores industriales han creado una nueva patronal propia, Confeindustria CV. ¿Qué opina de esta iniciativa?
Es una federación empresarial de sectores con ámbito de actuación en las tres provincias y me parece bien que tengan su autonomía y que sean fuertes para defender los intereses de sus sectores. La libertad de asociación es total y cada entidad debe estar donde le interese.
Una de las reclamaciones generales del empresariado valenciano es la revisión de las bonificaciones en los Impuestos de Sucesiones y Donaciones. ¿Qué impacto real puede tener esta medida?
El tejido empresarial está integrado, sobre todo, por empresas familiares, que arriesgan su propio patrimonio para desarrollar sus proyectos. Venimos de una dura crisis en la que las empresas han luchado por aguantar y salvar los muebles. Alguien desde la Administración autonómica se ha puesto a legislar sin dirigirse ni contar para nada con los representantes de las empresas afectadas, para explicar lo que estaban planteando y analizar las posibles consecuencias. Lo único que se consigue con esta reforma es destruir pequeñas y medianas empresas familiares, que son la casi totalidad de nuestro tejido empresarial. Vamos en dirección contraria a otras regiones, como Madrid, Canarias o Murcia, creando españoles de primera y de segunda, y para determinar cuáles son las empresas afectadas se pone un límite absurdo: las que tengan más de 10 millones de facturación. Una empresa puede facturar más de 10 millones y tener menos beneficios que otra que facture la mitad, dependiendo del sector. Es una medida negativa para las empresas y para la economía. Desde la asociación de empresa familiar, vamos a iniciar acciones en los tribunales para que la Generalitat tenga que revisarlo. La Constitución dice que no se puede discriminar a los ciudadanos por territorio y los asesores legales ven posibilidades de ganar. Vamos a presentar recursos en base a casos concretos de liquidación. Se trata de que la norma sea considerada discriminatoria y sentar jurisprudencia.
Los Presupuestos Generales del Estado sitúan a Alicante como provincia con menor inversión por habitante. ¿A qué cree que se debe?
Alicante es la provincia de España más discriminada en cuanto a inversiones estatales per cápita, a pesar de que es la quinta por volumen de PIB y reúne al 4 por ciento de la población del país, lo que condena a esta provincia a una ralentización de su crecimiento injustamente. Se merece un trato distinto. El 97 por ciento de los empresarios familiares de la provincia considera que no está tratada adecuadamente -según una encuesta de la Asociación de Empresa Familiar de Alicante-. En cuanto a inversiones estatales en infraestructuras, hicimos un informe que refleja que la provincia acumula un déficit de más de 5.000 millones de euros en los últimos diez años. Y eso es sólo para completar infraestructuras pendientes, que los empresarios necesitamos si queremos competir en igualdad de condiciones con el resto de regiones españolas y de la Unión Europea. Hay dos ejes fundamentales, uno centrado en garantizar el suministro de agua y el segundo, en asegurar accesos competitivos para las personas y las mercancías, por carretera y por tren. Sufrimos una grave carencia de agua en el centro y sur de la provincia. Hemos formado un frente común con Murcia y Almería para luchar en este sentido y traer agua a nuestras tierras. Es clave el trasvase Júcar-Vinalopó, que garantice el abastecimiento de agua a las comarcas del Vinalopó y el Alacantí y reduzca el riesgo de sobreexplotación de los acuíferos de Villena. En cuanto a las conexiones, un claro ejemplo es el Corredor Mediterráneo ferroviario, que este año recibirá sólo dos millones de euros en la provincia de Alicante. Además, no se contemplan en su trazado ni conexiones con el puerto ni con el aeropuerto, lo que supone perder oportunidades. Junto a la CEV y las patronales de Murcia, Andalucía y Almería, hemos organizado un calendario de eventos para reclamar un impulso al Corredor. También, están el tren de la costa y la conexión entre Alicante y Murcia, la línea de cercanías con más pasajeros de toda España, que está totalmente abandonada; se necesitan 300 millones de euros para modernizarla y electrificarla. En cuanto a las carreteras, la A7 necesita un tercer carril en las dos direcciones desde hace años. La autovía está saturada por camiones que van desde Andalucía hacia Europa. Todos los agentes implicados en el desarrollo de esta provincia debemos unirnos y hacer fuerza de manera conjunta para reivindicar con contundencia ante el Gobierno una mejor financiación para esta provincia.
Alicante está sujeta a una doble discriminación, por parte del Gobierno central hacia la Comunitat y, en el ámbito autonómico, en la asignación de la Generalitat. La Comunitat Valenciana necesita políticos en Madrid y Alicante los necesita en Madrid y Valencia, porque no tiene fuerza política en ninguno de los dos. Ximo Puig habla mucho de vertebración y cohesión territorial, pero se queda en discurso, han hecho poco. Deberían estar más atentos a la provincia de Alicante y a sus empresarios, que estamos trabajando para generar riqueza y empleo, pero me preocupa que no se nos considera como a los de Valencia. Deberían hacer algún gesto, porque nos lo merecemos.
En los últimos meses, se han frenado varios proyectos en la Comunitat y se ha desplomado la atracción de inversión extranjera. ¿Qué falla?
Nos quejamos de que no atraemos inversión, pero ni ponemos condiciones ni damos ventajas para que venga. Al contrario. Se están aplicando políticas equivocadas, que no funcionan y limitan nuestro potencial. Por ejemplo, las decisiones sobre las concesiones generan inseguridad. Somos totalmente partidarios de la cooperación público-privada, siempre que la gestión privada de servicios demuestre ser más eficiente y aporte valor. En el caso de las concesiones sanitarias, el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la del Hospital de Manises es claro, tanto desde el punto de vista económico, como de servicios y atención. La forma de trabajar y las decisiones a este respecto no pueden depender del Gobierno de turno. Eso genera una sensación de inseguridad que afecta negativamente a los nuevos proyectos de inversión.
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