Marcos J. Lacruz (Avaesen): "España es el país con más litigios internacionales por la política energética"

(Fotografía de Guillermo Lucas).

Marcos J. Lacruz (Valencia, 1976) preside, desde 2016, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), cuyo objetivo es impulsar el uso racional y sostenible de la energía. Avaesen agrupa a 200 asociados y ha sido reconocida por la Unión Europea como Clúster Europeo Excelente por su labor como líder de la cooperación interregional, con proyectos con 14 países. Ha sentado las bases del ecosistema de innovación cleantech en doce países y del emprendimiento verde en España, junto a Climate-KIC, con más de 60 startups aceleradas desde 2013. En febrero de 2016 fue escogida para liderar la estrategia internacional del clúster Energy in Water, que trabaja el binomio energía y agua. Lacruz es consejero delegado de NRG Investment & Consultancy y presidente de BigBan Shuttle Funding. (Puede leer la entrevista completa y otras noticias, reportajes y análisis en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).

En enero, el precio de la electricidad en España se  disparó hasta máximos históricos. ¿Cuál habría sido la situación si hubiese una mayor presencia de renovables en el 'mix energético'?

Con la actual configuración de la factura energética, el ciudadano tiene completa visibilidad de lo que pasa cada hora en el pool eléctrico. Sabe que cuando las energías renovables generan más, la factura se reduce drásticamente. En enero de 2017, la factura energética fue un 35 por ciento superior a la de enero de 2016, mientras que la contribución de energías renovable fue sólo un 5 por ciento menor. Un país como Alemania, que no disfruta de nuestras condiciones y recursos naturales, cuenta con un mayor parque instalado y una mayor contribución al mix energético de las renovables. Esto hace que, mientras nosotros hemos llegado a superar los 100 euros por MW, en Alemania el coste esté en la mitad. Estos datos reflejan el gran impacto de las renovables en el sistema energético. El coste de la energía es uno de los más elevados para gran parte de las actividades empresariales, muy sensibilizadas en poder reforzar su competitividad a través del ahorro en la factura energética. Pero, además, hay que tener en cuenta que se trata de energías limpias y más sostenibles. Los estudios apuntan a que la contaminación en las ciudades mata a millones de personas cada año. En el caso de España, se habla de unas 60.000 muertes asociadas a la contaminación en el último año, con el consiguiente coste sanitario. El coche eléctrico supondrá un cambio radical en este sentido. La absoluta mayoría de empresas y consumidores particulares está a favor de que este país incremento el peso de las energías renovables.

La decisión del ministro de Energía, Álvaro Nadal, de vender electricidad a Francia en esa situación generó una gran polémica.

Fue una decisión política, que tiene su coste, pero también puede tener sentido desde el punto de vista estratégico, para justificar la necesidad de mejores conexiones con Francia. Aumentar la interconexión con Francia es hacerlo con Europa, porque estamos bastante aislados del mercado eléctrico europeo. El objetivo futuro sería un mercado eléctrico común, en el que España se especialice en energías renovables.

¿Es ese un objetivo alcanzable a medio plazo?

En 2008, España era referente mundial en energías renovables. Siendo ministro Miguel Sebastián, incluso hubo una misión con inversores de Estados Unidos interesados en el milagro español. Desde entonces, la legislación ha sido cada vez más restrictiva; un ejemplo claro es el autoconsumo, que tardó mucho en regularse y, cuando se ha hecho, se ha aprobado la ley más restrictiva del mundo, con condiciones técnicas que penalizan el desarrollo de estas tecnologías y grava el autoconsumo con dos impuestos. Además, se ha avanzado muy poco en cuanto a potencia instalada. De hecho, en los últimos cuatro años, nada. En ese periodo, nos hemos situado a la cola de los países del mundo en cuanto a potencia instalada y el último de la Unión Europea. Tenemos un sistema de vientos adecuado para la energía eólica en el norte, una situación excepcional en cuanto a insolación en el sur y unas tecnologías con las que estas energías pueden competir directamente con cualquier otra en la red sin subvenciones ni primas. Y, a pesar de ello, el Gobierno no sólo ha tardado mucho en lanzar estímulos para este tipo de energías, sino que las ha penalizado. Ahora, con la presión ante la posibilidad de incumplir con las directrices y objetivos vinculantes de la Unión Europea en esta materia, de nuevo surgen oportunidades de reactivación del sector. Hay un cambio de actitud. El ministro de Energía -Álvaro Nadal- y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han empezado a hablar de las renovables como las que pueden abaratar la factura de la electricidad. Todos recordamos a Rajoy apelando a la lluvia y el viento. Además, el debate está más presente a nivel político, gracias a la mayor diversidad parlamentaria. Por esa parte, parece una batalla ya ganada.

Por otra, cada vez hay una mayor presión, tanto externa, por parte de Europa, como interna, por parte de ciudadanos y empresas que quieren tener acceso a una energía con un coste razonable y más sostenible. Estamos convencidos de que, como la razón está de nuestra parte, una ciudadanía formada será capaz de exigir a los gobernantes lo que necesita: una factura energética contenida y sostenible. Todo ello hace prever cambios positivos en el futuro.

Europa contempla sanciones para los países que incumplan los objetivos vinculantes del 'Horizonte 2020' -que plantea un peso del 20 por ciento de la energía renovable en el consumo final de energía-. ¿Estamos a tiempo de evitarlas?

El nivel actual de aportación de las renovables al consumo energético ronda ahora el 16 por ciento. Para lograr alcanzar el 20 por ciento tendremos que darnos mucha prisa. Esto dependerá de la combinación de dos factores: una mayor contribución de energías renovables el mix energético y una reducción del volumen total de energía consumida. Un 4 por ciento de diferencia puede parecer muy poco, pero sólo tenemos tres años y aún no existe un plan definido y aprobado, y los desarrollos llevan un tiempo. En el caso de la energía eólica, la que más contribuye, éste es más largo que el de la fotovoltaica. Si empezásemos ya, llegaríamos justos.

El Gobierno ha anunciado ya una subasta de energía renovable -por 3.000 MW de potencia instalada- para el primer semestre de este año.

Es la primera subasta de energía renovable de esta magnitud en España, con una inversión total prevista de más de 3.000 millones de euros. Pero la Comunitat Valenciana está en desventaja respecto al resto, por la situación del Plan Eólico aún vigente, cuya ejecución apenas ha sobrepasado el 50 por ciento y que no se ha derogado e impide que, salvo las empresas adjudicatarias del concurso, resuelto hace 15 años, nadie pueda construir un parque eólico en suelo de la Comunitat, estando bloqueada cualquier opción de desarrollar esta energía en la actualidad. Las circunstancias han cambiado mucho en todos estos años y es necesario reformular todo el plan, para que los empresarios tengamos opciones de hacer otras propuestas. La intención anunciada por la Generalitat era resolver la situación zona por zona, pero aún no se ha hecho nada. Entendemos la complejidad administrativa del proceso, pero nos gustaría que la situación de las concesiones estuviese ya resuelta, porque oportunidades como éstas no se dan todos los días. Hemos tenido que esperar diez años para que la Administración aplique estímulos para las energías renovables y, cuando se dan, no podemos aprovecharlos. Otras autonomías donde existen más facilidades administrativas para instalar parques eólicos generarán un valor y atraerán una inversión de gran calado en los próximos años y avanzarán en su grado de autosuficiencia energética. Nuestra industria no merece esto.

Desde el punto de vista del inversor en este tipo de proyectos, ¿se da por solventada la situación de inseguridad jurídica generada por los cambios normativos aplicados en las últimas legislaturas?

Evidentemente, se produjo una grave quiebra de la seguridad jurídica, con una legislación de aplicación retroactiva. El Gobierno incumplió sus compromisos y esto ha repercutido en la clasificacion de seguridad jurídica del país para algunos fondos de inversión. España es el país con más litigios internacionales por incumplimiento en el marco del Tratado de la Carta Europea de la Energía. Actualmente, hay 27 demandas presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), entidad dependiente del Banco Mundial. Es una mala carta de presentación. Y se da la paradoja de que nosotros, como españoles, tenemos que presentar los recursos en España, mientras que los fondos internacionales recurren directamente en Bruselas y el Ciadi. Nuestras reivindicaciones, que en España no prosperan, con los mismos argumentos sí lo hacen en Europa. Esta situación va a generar un conflicto de Derecho en los próximos años.

Otra de las batallas del sector es contra la 'doble fiscalidad' aplicada a la energía de fuentes renovables. ¿Esperáis una pronta solución?

Se ha presentado una iniciativa en el Congreso para que los grupos parlamentarios insten al Gobierno a eliminar el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) para las fuentes de origen renovable -fijado en el 7 por ciento-, creado en 2012. Está pendiente de tramitación. La recaudación del sector energético por este impuesto fue de 1.261 millones en 2013 y 1.459 millones en 2014, de los que las renovables supusieron 694 y 607 millones respectivamente. El agravio comparativo va más allá, puesto que las renovables pagan ese gravamen sin trasladarlo al consumidor, mientras las energías convencionales si lo aplican en la factura final. Somos muy optimistas en cuanto a que se quite este gravamen, algo que desde Europa ya se ha advertido. Los argumentos en contra son palmarios y, además, existe una base jurídica, ya que Tribunal Supremo, en dos autos de junio del 2016, plantea cuestión de inconstitucionalidad, por gravar dos veces el mismo hecho impositivo. Además, viola la competencia. Instalar una planta en Extremadura o en Portugal, a escasos kilómetros, tiene un recargo extra del 7 por ciento en el caso de la primera. Eso desincentiva al inversor. Portugal está cumpliendo con los objetivos europeos y es el único país de la eurozona que ha funcionado 48 horas sólo con energías renovables. Esa utopía también puede ser una realidad en nuestro país. El caso de El Hierro, en Canarias, preparada para abastecerse ya al cien por cien con energías renovables, demuestra que, con los planes de estímulo adecuados, como los que se han aplicado en las islas, otro modelo es posible.

En el caso de la Comunitat, la Generalitat ha manifestado su apuesta y compromiso con un modelo energético basado en renovables. ¿Cuál está siendo su aplicación real y su impacto en el sector?

Estamos satisfechos con el mensaje de la Administración y su disposición al diálogo, pero nos gustaría ver un mayor grado de ejecución a estas alturas, tras casi dos años de Gobierno. El conseller Rafael Climent ha manifestado su apuesta por el autoconsumo como pieza fundamental del nuevo modelo energético que quiere impulsar en la región. Por nuestra parte, ofrecemos a la Administración total colaboración. En este sentido, estamos trabajando con la Generalitat para poder canalizar y sacar el mayor partido posible a los fondos europeos, fundamentalmente orientados a la eficiencia energética. Muchas empresas han cambiado de actividad o se han quedado por el camino y las que han logrado sobrevivir y mantenerse dentro del sector lo han hecho, en su mayoría, saliendo a otros países, donde sí se ha apostado por las renovables. El mercado ha cambiado mucho y el coste de las tecnologías ha bajado un 80 por ciento en los últimos cinco años, porque en todo el mundo se están instalando y se han mejorado los sistemas y procesos. Cuando empezamos, los proyectos eran, en general, de tamaño pequeño. Ahora se están construyendo grandes plantas fotovoltaicas en todo el mundo, mientras España se ha quedado parada. Las empresas españolas son muy valoradas en el exterior. Los cierres de empresas en España y la reubicación de puestos de trabajo en otros países han supuesto pérdida de conocimiento y capital humano. En su día, llegamos a representar a unos 5.000 trabajadores. Hoy rondan los 3.000. Esperamos que la reactivación del sector permita la recontratación de estos profesionales que quedaron fuera. Esta región se distingue por su emprendimiento en materia energética, con compañías tecnológicas líderes, como Power Electronics, Atersa o Grupotec.

(Puede leer la entrevista completa y otras noticias, reportajes y análisis en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).


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