La Generalitat Valenciana no está dispuesta a renunciar a la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), a pesar de la oposición unánime de los representantes empresariales, de los consumidores y de las entidades encargadas de su tratamiento y reciclaje. *(Para leer este reportaje completo, así como otras noticias, entrevistas y análisis puede acceder en este link al nuevo número de la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
Para garantizar su aplicación, el anteproyecto de ley autonómica que regula el sistema contempla un duro régimen de sanciones, que incluye desde multas inferiores a 900 euros por faltas leves hasta cantidades de entre 45.000 y 1,75 millones para los que "obstaculicen" su funcionamiento, del que se hace responsable, en gran parte, a productores y establecimientos comerciales, a través de diferentes medidas de control. Un planteamiento que ha sentado como un jarro de agua fría entre los sectores afectados, que luchan, desde hace meses, en contra de la implantación del SDDR.
Empresas y asociaciones están analizando posibles acciones judiciales para bloquear la puesta en marcha de un sistema que, a priori, no es aplicable: los expertos jurídicos consultados coinciden en que el punto débil de la futura Ley para la Prevención del Abandono de Residuos de Envases es que el SDDR es inconstitucional, ya que la regulación sobre recogida y tratamiento de residuos es competencia estatal.
La Generalitat planea definir el borrador de la normativa antes de fin de año, por lo que las próximas semanas serán cruciales. Su objetivo es proceder a su tramitación y aprobación parlamentaria en 2017, con un año de moratoria para acciones informativas y pruebas piloto, lo que supondría su aplicación práctica en 2018. El SDDR se plantea sólo para envases de agua, zumos, refrescos y cerveza -latas, briks y botellas de vidrio y plástico-, por lo que no será sustitutivo, sino complementario, de los actuales contenedores. El consumidor abonará 10 céntimos por envase -las asociaciones de consumidores destacan que encarecerá la cesta de la compra, llegando en casos como el agua, al 40 por ciento-, que le serán devueltos al retornarlo.
La Generalitat estima que se consumen unos 7 millones de envases a diario en la Comunitat, de los que 5 millones no se reciclan. En esta línea, el Ejecutivo defiende que se trata de "una política de protección del territorio".
Ante ello, un jurista especializado en esta materia alerta de que "la Ley se está disfrazando en el marco de las competencias autonómicas sobre medidas adicionales de protección en materia medioambiental, pero éstas sólo pueden dictaminarse en los ámbitos en los que las comunidades pueden actuar y los residuos son competencia exclusiva del Estado. La que se plantea, es una norma que no tiene recorrido".
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