La Audiencia Provincial de Valencia ha decretado el archivo de la causa por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, dos exdirectivos del organismo, Juan Antonio Delgado e Ignacio Pascual, y el abogado del Estado Fernando Llopis, por el cobro de sueldos en sociedades vinculadas al Puerto -sobre todo, Valencia Plataforma Intermodal, VPI-.
En su auto, estima los recursos de los procesados, para los que Fiscalía solicitaba cinco años de prisión, ya que "las diligencias practicadas" no "soportan" las imputaciones de los delitos. Considera que no se ha demostrado la acusación de que Aznar diseñó "una estructura" para poder recibir los sobresueldos, sino que los acusados "cobraron por trabajos realizados", y que fueron aprobados y por el consejo de VPI. Dice que "lo único que se revela es incumplimiento de declaración de actividades y el cobro de retribuciones incompatibles", por recibir dos sueldos públicos.
Sobre las presuntas irregularidades en contratos sin concurso público, estima que "la acusación no es sostenible" y que no se ha "practicado diligencia que permita descartar que se adoptaran por mayor celeridad en la toma de decisión o por creencia de que actuaban dentro de la legalidad".
Aznar fue relevado, en agosto, como presidente de la APV por Aurelio Martínez, y asumió la dirección del Área de Relaciones Institucionales. La APV le retiró de este puesto en noviembre, tras conocerse que iría a juicio, y volvió a su plaza de funcionario.
La gestión de Aznar está siendo objeto de otra instrucción judicial, que investiga presuntas irregularidades en contratos y gastos excesivos y no justificados -parte de ellos, vinculados a la Fórmula 1-, que podrían rondar 1,5 millones, según un informe pericial.