El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) ha levantado el secreto del sumario de la causa que se sigue por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales, "al haber podido identificar a los presuntos responsables de los delitos investigados respecto de los que existen indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos que constan en las presentes diligencias". Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal), entre ellos, el ex delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como ex conseller de Justicia de la Generalitat.
Las diligencias están abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.
Además, de Castellano, la causa se sigue contra un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y un alto cargo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña. Los dos fueron arrestados el pasado 13 de enero en el marco de la operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la UDEF por orden del juez instructor, que, acordó la libertad provisional con la adopción de las mismas medidas cautelares que impuso al ex delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana y ex conseller de la Generalitat. Castellano fue detenido en mayo de 2015 y quedó en libertad, con medidas cautelares (retirada del pasaporte y prohibición de la salida del territorio nacional).
La resolución del juez permitirá a todas las partes personadas en la causa tener acceso "a la totalidad de las presentes diligencias" porque, según argumenta el magistrado instructor, ha desaparecido el riesgo de "alterar, destruir u ocultar nuevas fuentes de prueba".
La causa nace de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2015. En ese momento, se acordó el secreto de las actuaciones, secreto que, según recoge el auto notificado hoy a las partes, ha ido prorrogándose para "practicar cuantas diligencias eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos, su naturaleza y personas presuntamente responsables" y garantizar el éxito de la investigación.
La operación policial del 13 de enero se saldó con la detención, por decisión policial, de otra veintena de personas, entre ellas, dos altos cargos más de la Generalitat de Cataluña, a los que la propia Policía dejó en libertad. El dispositivo incluyó la práctica de 20 registros en empresas -entre ellas, la alicantina Inaer- y viviendas. Además de la Comunidad Valenciana y Cataluña, la operación (detenciones y registros) se desarrolló de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha.
En esta última comunidad no se practicaron registros porque en las diligencias se investigan contratos de la Administración con empresas de la trama, ninguna de las cuales tiene sede física en dicha región.
Los hechos investigados por la Fiscalía Anticorrupción se remontan a los años 2008 y 2010, cuando Castellano era conseller de Gobernación. En ese periodo, Avialsa obtuvo varios contratos, entre ellos, uno en 2010, de servicios de extinción de incendios, por 22 millones. Una denuncia del exdirector general de Avialsa, Francisco Alandí, en 2013, alertó sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y en la gestión de contratos. La Fiscalía Anticorrupción apreció indicios de delito, que trasladó al juzgado.
Contratos amañados
La detención de Castellano por parte de la Unidad Económica y Fiscal de la Policía (Udef), el 29 de mayo, provocó su inmediata suspensión de militancia en el PP y, pocos minutos después, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, anunciaba su salida como delegado del Gobierno. Desde 1991, Castellano había desempeñado varios cargos en el PP en la Comunidad Valenciana, entre ellos, secretario general y conseller de Sanidad, de Gobernación y Justicia.
En la operación de la Udef realizada en mayo fueron detenidas también otras ocho personas, entre ellas, el alcalde de Quartell, también suspendido de militancia por el PP.
En la denuncia se recogen supuestos regalos de Vicente Huerta, presidente de Avialsa, a Castellano y a su mujer (varios de ellos, ligados a cacerías) y presuntas gestiones que Castellano habría realizado para beneficiar a Avialsa (entre ellas, "modificaciones contractuales" con las que se pudo incumplir el pliego de licitación).
