La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha decidido "dejar en suspenso de sus funciones en el área internacional a Rafael Aznar, hasta la resolución final del procedimiento judicial en curso, pasando a realizar mientras tanto las funciones propias de su categoría profesional" -Aznar es funcionario del Puerto de Valencia-. El Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia comunicó la semana pasada el procesamiento del expresidente de la APV, otros dos exdirectivos de este organismo y el abogado del Estado Fernando Llopis, por entender que podrían haber cometido un delito de malversación continuado por el cobro de sobresueldos sin justificar y por trabajos no realizados. Asimismo, a Aznar y a otro exdirectivo les atribuye un presunto delito de prevaricación por tres contrataciones con una empresa de seguridad y otras dos de asesoramiento, al estimar que no se cumplió la Ley de Contratación.
Con este escueto comunicado, la APV asume una decisión que se había reclamado desde diferentes instancias políticas tras la decisión judicial. El Gobierno valenciano relevó a Aznar el pasado mes de agosto, siendo sustituido por Aurelio Martínez. Si bien en un primer momento la dirección del recinto abogó por mantener una posición de cautela hasta la resolución del proceso judicial, finalmente se ha decidido apartar a Aznar de sus responsablidades.
Rafael Aznar, denunciado en julio de 2013 por presuntos delitos de malversación y prevaricación, siempre ha defendido la legalidad de sus actuaciones en el organismo y ha asegurado en diferentes ocasiones que todas ellas han estado siempre aprobadas y refrendadas tanto por el Consejo de Administración como por el Tribunal de Cuentas y Puertos del Estado.
También ha llegado a expresar su "absoluta tranquilidad" porque llevaban "mucho tiempo" en la gestión de lo público. "Comprendo -señaló hace casi un año- que de vez en cuando haya algún viento, pero ante los vientos lo que hay que tener es firmeza en los cimientos", dijo en una comparecencia pública.
Denuncia de la Fiscalía
La Fiscalía exponía en su denuncia, presentada en 2013, entre otras cuestiones, que tanto Aznar como otros dos ex altos cargos del Puerto recibieron por sus trabajos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal (VPI) 77.000 euros cuando, según la ley, no podían haber cobrado nada, porque no podían tener dos sueldos públicos -del Puerto y de la VPI-. Los directivos habrían devuelto las cantidades cobradas cuando se les advirtió de que era irregular.
Durante la instrucción de esta pieza también se incorporó un informe de la Intervención del Estado que contemplaba sueldos de 120.000 euros sin justificar en la Fundación ValenciaPort, entidad sin ánimo de lucro constituida en mayo de 2003 para proyectar la Comunidad Logístico-Portuaria.
En este informe se aludía, por otro lado, a los gastos en viajes y restauración, y se señalaba que los trabajadores de la sociedad gastaron 289.078 euros. Del total, 24.999 euros se destinaron a gastos por restauración; 30.552 euros a gastos por estancia en hoteles; 3.575 euros a gastos de transporte; y 229.950 euros a gastos gestionados por agencias de viajes.
En este procedimiento continúa en instrucción la segunda pieza del Puerto de Valencia, relativa a gastos de personal de la entidad portuaria, adaptación de los accesos para la F-1, alquiler de la Fundación Valencia Port (FVP) y la rescisión de Sagunt Bulk Terminal, unos hechos denunciados por Compromís.
