Jesús Gómez de las Heras, coordinador del informe realizado en 2007 por el Instituto Geológico Minero, a instancias del Ministerio de Industria, en el que se respaldaba la viabilidad del almacén subterráneo de gas Castor, afirmó que "desconocía por completo" los riesgos sísmicos de la zona donde se construyó la plataforma, puesto que "en los extremos sobre los que debía de versar el informe no se le había planteado esa cuestión", según fuentes judiciales. Gómez de las Heras se pronunció así en su declaración, como imputado, en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Vinarós (Castellón), que investiga las irregularidades en la concesión de la explotación y los presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente derivados de la misma.
Según fuentes judiciales, el experto insistió en que "no se les había facilitado testimonios sobre la existencia de riesgos sísmicos derivados de la inyección de gas" en el subsuelo, así como que no tenía constancia de los informes de otros organismos, como el Observatorio del Ebro, que habían alertado del riesgo de terremotos. Dijo, además, que no sabía si algún técnico del IGM fue a la zona para hacer una evaluación. Fuentes conocedoras del proceso, afirman que el informe prácticamente se limitó a dar por válida la documentación aportada por la empresa concesionaria.
Industria ordenó, en septiembre de 2013, el cese de actividad de Castor, tras registrarse más de 500 seísmos que el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España vincularon a la planta. Enagás fue elegido administrador del almacén, con el encargo de proceder a su hibernación, tras la renuncia por parte de los gestores, ACS y Escal, a los que el Estado acordó indemnizar con 1.350 millones por la suspensión del proyecto. El Instituto Tecnológico de Massachusetts está realizando un informe sobre la instalación.
El fiscal jefe de Castellón que inició la denuncia que provocó la apertura de la causa, José Luis Cuesta, destacó ayer que "se trata de reconstruir toda la tramitación del proyecto, que ha desembocado en algo que no se debía de haber producido de hacerse de la manera adecuada". Subrayó que se trata "de ver la responsabilidad en la que han podido incurrir tanto la Administración como la empresa", y dilucidar los motivos por los que no se realizó un estudio sobre la sismicidad de la zona, "cuando es algo que se puso de manifiesto en el trámite de información y consultas y, por tanto, debía de haberse completado".
Cuesta no descarta que pueda ampliarse el número de imputados, fijado ahora en 18 personas, vinculadas a la concesión y construcción de la planta, entre responsables de la empresa promotora (integrada por ACS y Escal), del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria. El juez mantiene la condición de imputado de Gómez de las Heras, el primero en declarar, sin medidas cautelares. Mañana y el jueves están previstas otras dos declaraciones.
Unos 20 representantes de la Plataforma Ciutadana en Defensa dels Terres del Sènia anunciaron en el juzgado que pedirán indemnizaciones por "daños morales y algunos físicos" producidos "al territorio y a las personas que habitan en él".
