La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha vuelto a requerir a Feria Valencia que le remita sus cuentas anuales, que nunca se han sometido al control de este organismo fiscalizador a pesar de su absoluta dependencia financiera de la Generalitat, que además participa en el Patronato de la institución ferial, que preside la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Feria Valencia siempre se ha negado a ser fiscalizada apelando a su condición de organismo de naturaleza privada, algo que solo comparte el Consell Jurídic Consultiu -con el voto a favor del expresidente de la Generalitat Francisco Camps-, mientras la Intervención de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana consideran que su naturaleza es pública.
El comité ejecutivo de la Feria, que desde octubre de 2013 preside José Vicente González -presidente de la patronal autonómica Cierval- mantiene la negativa a rendir cuentas de su antecesor, Alberto Catalá.
La institución ferial está siendo investigada por la Fiscalía, tras un informe de la Intervención -dependiente de la Consejería de Hacienda- que señala numerosas irregularidades y sobrecostes en las obras de ampliación llevadas a cabo la década pasada, que podrían costar a la Generalitat 1.027 millones de euros.
Incluida Feria Valencia, la Sindicatura de Comptes ha enviado un requerimiento a 55 ayuntamientos, 21 mancomunidades y 21 consorcios instándoles a que remitan sus cuentas.
El órgano de control externo que preside Rafael Vicente Queralt, encargado del control del sector público autonómico y local, les recuerda que el plazo legal de presentación finalizó el 31 de octubre y que deben poner el citado requerimiento en conocimiento del Pleno de su entidad.
La Sindicatura les recuerda que la modificación de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, prevista en la llamada Ley de Acompañamiento que se está debatiendo en las Corts, "establece como requisito para el pago de subvenciones y ayudas a las entidades locales la presentación de la Cuenta General aprobada a la Sindicatura de Comptes".
Es decir, que a partir del 1 de enero de 2015 no podrán recibir ayudas de la Generalitat si no han rendido cuentas.
Más del 10% no rinden cuentas
Del total de ayuntamientos que no han remitido sus cuentas, 19 corresponden a Alicante, 15 a Castellón y 21 a Valencia. En total, suponen más del 10 por ciento de los ayuntamientos valencianos, cuando habitualmente la tasa de no rendición era inferior al 5 por ciento, según ha informado la Sindicatura en un comunicado.
Por lo que respecta a los consistorios alicantinos, no han rendido sus cuentas Orihuela, Benasau, Beniarrés, Benigembla, Cocentaina, Crevillent, El Campello, Jacarilla, La Torre de les Maçanes, Llíber, Monforte del Cid, Monòver, Rafal, San Fulgencio, Sant Joan d'Alacant, Sana Pola, Senija, Vall de Gallinera y Vall d'Ebo.
En cuanto a los ayuntamientos valencianos, son Xàtiva, Gandia, Alboraya, Aldaia, Andilla, Anna, Bellús, Benirredrà, Benisuera, Carcaixent, Daimús, Losa del Obispo, Macastre, Picanya, Rafelbunyol, Senyera, Sollana, Sot de Chera, Sueca, Torrebaja y Venta del Moro.
Los municipios castellonenses son Albocàsser, Alfondeguilla, Azuébar, Canet Lo Roig, Cortes de Arenoso, Culla, Forcall, La Jana, Lucena del Cid, Ludiente, Moncofa, Navajas, Sant Joan de Moró, Tírig y Vilafamés.
También han incumplido su obligación de rendir sus cuentas a la Sindicatura de Comptes 21 mancomunidades y 21 consorcios. De estos últimos, destacan, además de Feria Valencia, Gestión Palacio de Congresos de Valencia, Teatros de Castellón o los Planes Zonales de Residuos Zonas XIV y XVII de Alicante.
La Sindicatura de Comptes, dentro de su "apuesta por la transparencia del sector local", ha contactado con todos ellos para recordarles su obligación legal de rendir cuentas.
El objetivo de la Sindicatura es lograr que estas entidades remitan sus cuentas "a la mayor brevedad" para poder incluirlas en el Informe de la Cuenta General de Entidades Locales, que recoge la información económico-financiera del conjunto del sector público local de la Comunitat Valenciana.
Los sobrecostes costarán 1.027 millones a la Generalitat
