El juez de Instrucción número 6 de Alicante ha imputado a la alcaldesa de la ciudad, la popular Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según el auto del juez, "estando suspendida la ejecución del Plan Parcial de Rabasa desde el 9 de diciembre de 2009 por orden del TSJ de Valencia, el Ayuntamiento de Alicante continúa con su tramitación y en el Pleno de 29 de enero de 2010 aprueba someter a exposición pública el proyecto de convenio" entre una empresa de Ortiz -Viviendas Sociales del Mediterráneo- e Ikea Ibérica "para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa".
"En el informe policial existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses del empresario D. Enrique Tomás Ortiz Selfa", según el auto, lo que podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
A pesar de la polémica por la investigación judicial, que ya era conocida, el Consistorio ha seguido adelante hasta ahora con los trámites para la implantación de la tienda de Ikea.
La alcaldesa de Alicante declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico influencias el 27 de noviembre. Asimismo, el juez ha imputado a cuatro técnicos, dos del Ayuntamiento y dos del Ministerio Fomento, por favorecer presuntamente al constructor, igualmente imputado.
El juez ha preguntado al fiscal si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio.
La causa surge a raíz de una denuncia de EUPV que amplió la querella por la que se personó en su día en la pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, para que se indagara también sobre el Plan Rabasa. Tanto Castedo como Ortiz están también imputados en esa pieza.
Renunció como diputada en mayo
Sonia Castedo renunció el pasado 2 de mayo al escaño en el Grupo Popular en las Corts valencianas "por motivos personales" y con efecto desde 30 de abril, con lo que perdió su condición de aforada y provocó un cambio en la instrucción del caso Brugal, en el que se encuentra imputada. El caso podría dejar el TSJCV y pasar a los juzgados de la capital alicantina.
En este sumario, a Castedo se le atribuyen los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU a favor del constructor Enrique Ortiz.
Un suelo bajo sospecha
