La liquidación de lo que fue el grupo Radiotelevisión Valenciana va para largo, a la vista de las cuentas anuales de las dos empresas que quedan, correspondientes al antiguo ente y a la que iba a ser la nueva Canal 9 hasta que Alberto Fabra tomó la decisión de cerrarla, en noviembre de 2013.
La Generalitat hizo pública este jueves su Cuenta General, que incluye las cuentas anuales de la vieja RTVV (el ente) y la nueva RTVV (sociedad antónima), ambas en proceso de liquidación, que suman una pérdidas de 203 millones de euros. GRÁFICO DE LAS CUENTAS ANUALES
Estas pérdidas incluyen las provisiones para el cierre, de los que 86 millones corresponden al ERE que afectó a 1.600 trabajadores. De ellos, queda pendiente de salir unas 80 personas que se quedaron para mantenimiento.
El principal problema para la liquidación lo tiene el viejo ente, que no ha conseguido convencer a la mayoría de bancos acreedores para que acepten la subrogación de la deuda por parte de la Generalitat.
El Gobierno de Fabra aprobó subrogarse en esa deuda, más de 800 millones, pero esa subrogación necesita la aprobación del acreedor. La situación es un tanto absurda, porque desde 2009 es la Generalitat la que paga los intereses y el principal.
Algunos préstamos están financiados hasta más allá de 2030, por lo que el ente podría quedar en estado vegetativo, con la Generalitat dando subvenciones para los intereses -13 millones en 2013- y ampliando el fondo social para amortizar. Según la memoria, uno de los bancos, que podría ser el Santander, ha aceptado este año la subrogación por 44 millones.
La sede, casi invendible
En cuanto a la empresa RTVV SAU, que era la que destinada a explotar la nueva Canal 9 hasta el momento del cierre, su mayor problema es el contrato de arrendamiento de la sede de Alicante, cuyo contrato se extiende hasta 2033.
Esta empresa tiene el único activo al que los liquidadores otorgan valor, la sede central de Burjassot (Valencia), tasada en 32 millones. Sin embargo, su enajenación está más que complicada, y no solo por la coyuntura del mercado inmobiliario.
El edificio tiene una alta protección arquitectónica y apenas se puede reformar y, además, está en suelo dotacional, por lo que no se puede destinar a actividades privadas. El Ayuntamiento de Burjassot, que podría cambiarlo, está gobernado por una coalición de PSOE y Compromís, que ni se lo plantea.
Derechos de emisión perdidos
Los liquidadores han deteriorado a cero el valor de otros activos, como los derechos de emisión de programas y películas -10,9 millones- o bases imponibles negativas por 2.152 millones.
La empresa, que posee un 10 por ciento de la Forta, tiene compromisos de compra de retransmisiones deportivas y programas por 15 millones, entre otras deudas para las que la Generalitat deberá aportar más fondos.
Otro problema que retrasa la liquidación es que el ERE aún tiene un recurso pendiente. Cinco de los seis sindicatos lo firmaron, pero CGT lo recurrió ante la Audiencia Nacional, que en julio acordó aplazar el juicio hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un recurso del PSOE contra el cierre de Canal 9. Si uno de los dos recursos sale adelante el ERE podría ser declarado nulo, con consecuencias imprevisibles.
Atados hasta 2035 en Alicante
Más de 290.000 euros es el canon anual que la nueva RTVV paga al propietario de terreno donde se ubica el Centro de Producción de Programas de Alicante.
La empresa firmó en 2002 un contrato de derecho real de superficie por 33 años y si deja de pagarlo debe abonar todo de golpe, más de 6 millones, sin contar la actualización por el IPC. Además, el edificio en el que invirtió unos 4 millones será propiedad del arrendador al finalizar el contrato.
Entidades
Sin tele y con deuda hasta 2030
