
El principal grupo de infraestructuras canadiense, SNC-Lavalin, explotará el aeropuerto de Castellón durante 20 años, según decidió este lunes el consejo de administración de la empresa pública Aerocas, que eligió esta oferta frente a la del consorcio integrado por Gesnaer Consulting, Airavata, Inmaquip Europa y Hoteles Marina d'Or.
"Estamos hablando de una empresa que gestiona aeropuertos en cuatro continentes, algunos de ellos muy importantes, y nos merece todas las garantías", afirmó el vicepresidente de la Generalitat y presidente de Aerocas, José Císcar, saliendo al paso del veto impuesto por el Banco Mundial a esta empresa por un caso de corrupción.
El Gobierno de Alberto Fabra da a SNC-Lavalin Aéroports cinco meses y medio de plazo para poner en marcha el aeropuerto, para que esté rodado de cara a la campaña estival de 2015 y porque ese año hay elecciones autonómicas y municipales. La empresa adjudicataria gestionará la obtención de los permisos que faltan.
A falta de conocer la fecha de puesta en servicio del aeródromo inaugurado el 25 de marzo de 2011, la adjudicación encauza la resolución del problema que tenía la Generalitat, con un aeropuerto acabado y sin uso, en cuya rentabilidad operativa confía por encontrarse en una zona turística.
Lo que la Generalitat no recuperará es la inversión y gastos de más de 150 millones de euros en su construcción, de los que 121 corrieron a cargo de la anterior concesionaria, a la que hay que indemnizar.
La explotación se otorga por 20 años y contempla una subvención si el número de pasajeros no alcanza unos mínimos anuales, así como el pago de un canon a la Generalitat si se superan los 1,2 millones de viajeros al año. La subvención máxima será de 25 millones durante los 10 primeros ejercicios, con un máximo anual de 4,5 millones. En los otros 10 años no habrá ayudas.
El grupo SNC-Lavalin está especializado en construcción, mantenimiento y explotación de concesiones de infraestructuras, con actividad en todo el mundo. Tiene una capitalización en la bolsa de Toronto de 4.781 millones de euros. En España entró en 2007 con la compra de la consultora de ingeniería de infraestructuras Intecsa-Inarsa.