El Gobierno valenciano no confirmó este viernes que la Comunidad Valenciana sea una de las ocho advertidas por desviarse del déficit previsto, pero dejó entrever que así es, al alegar que los datos ofrecidos en el CPFF eran a 31 de marzo de 2012, mientras los efectos del grueso de medidas aprobadas por la Generalitat en enero se verán a partir de marzo.
Por ello, según el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, "hay que esperar a conocer los datos del segundo trimestre para saber cuál es el camino que estamos recorriendo y cómo estamos en relación al déficit". Estos datos se anunciarán en rueda de prensa antes de fin de mes.
Lo que sí está claro es que la Comunidad Valenciana se acogerá al fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas que aprobó este viernes el Gobierno, y lo hará con la intención de solicitar 4.600 millones de euros, la cuarta parte del máximo disponible para todas las comunidades que voluntariamente se adhieran.
Esta cantidad corresponde a la deuda autorizada por el Consejo de Ministros a la Generalitat en varias ocasiones y que el Ejecutivo de Alberto Fabra no ha podido emitir desde diciembre de 2011, cuando hizo el último intento con los bonos patrióticos y se quedó a medias, lo que provocó que su deuda pasase a ser considerada bono basura por las agencias de calificación.
De esta cantidad, 1.500 millones corresponden a deuda autorizada y no emitida en 2011, y el resto, a la de 2012. Unos 3.500 millones en vencimientos de este año han sido cubiertos gracias a varios préstamos del ICO, lo que ha permitido a la Generalitat no tener que tirar de presupuesto para amortizarlos, como ocurrió en 2011, pero no ha supuesto entrada de liquidez.
El Gobierno valenciano no ha ocultado que la liquidez es ahora mismo su mayor problema, que esgrime como explicación al retraso en los pagos de 2012 en todas las áreas y ámbitos de la Administración autonómica, excepto las nóminas. En cuanto a los ajustes, se están aplicando con mucha lentitud, ya que pasan meses desde que se anuncian hasta que se ejecutan.
Císcar dijo que, "en principio, no hay previstas más medidas de ajuste este año", aunque, añadió, "evidentemente tenemos que empezar a estudiar ya nuevas medidas para poder cumplir en los próximos presupuestos con el nuevo objetivo de déficit marcado para 2013, que baja cuatro décimas, del 1,1 al 0,7 por ciento".
18.000 millones para ayudar a las CCAA
